Hoy es 6 de junio. Faltan 24 días para las elecciones internas y 143 para las nacionales.
El caso Astesiano resurge y complica la situación del presidente Luis Lacalle Pou, cuidadosamente exonerado de responsabilidades cuando la investigación estuvo a cargo de Gabriela Fosatti, hoy alejada de Fiscalía y candidata de la lista 2004 del Partido Nacional.
El primer día de febrero del año pasado, la diaria informó sobre la reacción de Alejandro Astesiano casi un año antes, al enterarse de que el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, había chocado a dos vehículos estacionados cuando manejaba alcoholizado. Según revelaron los chats recuperados de su celular, el jefe de la seguridad presidencial usó sus contactos para mantenerse al tanto del operativo policial, le informó sobre este a Nicolás Martínez, secretario privado de Lacalle Pou, y le comentó: “Hay que matarlo a este hijo de puta”.
Con ese claro propósito, Astesiano accedió a registros de cámaras de monitoreo para rastrear los movimientos de Abdala antes del siniestro, y compartió la información con el entonces subdirector de Policía, Jorge Berriel.
Fossati recibió los contenidos del celular de Astesiano antes que cualquier periodista, pero su revisión fue llamativamente ineficaz. Casi siempre actuó recién después de que un medio de comunicación hubiera divulgado hechos con apariencia delictiva. Así fue en este caso y, como en otras ocasiones, despachó el asunto con rapidez. El 9 de febrero citó a Abdala y a Martínez, y al día siguiente anunció que no veía evidencias de algo ilegal.
Ahora, en un libro de nuestro compañero y exdirector periodístico Lucas Silva, aparecen más datos, de los que la entonces fiscal no dio muestras de haberse enterado. Astesiano siguió con su propia pesquisa secreta, le pareció que un almacén por el que Abdala había pasado dos veces antes del choque tenía “pinta de boca” y activó un operativo de inteligencia policial para vigilar ese comercio, obviamente con la intención de desprestigiar al presidente del PIT-CNT. Y eso no es lo peor.
En sus comunicaciones con jerarcas de la Policía para poner en marcha el operativo, Astesiano afirmó en más de una ocasión que actuaba en nombre de Lacalle Pou y lo mantenía informado. Al evaluar este episodio y varios otros, Fossati arguyó que el jefe de seguridad mentía cuando invocaba la autoridad del presidente y en realidad procedía por cuenta propia, pero en lo referido a la vigilancia de la presunta “boca” hay evidencia que cuestiona esa teoría del caso.
El 16 de febrero de 2022, Astesiano recibió un informe del comisario Rafael Alen sobre el comienzo de la vigilancia del almacén, y un minuto después compartió con el policía la captura de pantalla de un chat con Lacalle Pou. Allí se ve que le había reenviado el reporte de Alen, y que el presidente había contestado: “Perfecto”.
Parece que esto no lo vio Fossati, pero sí lo vio la actual fiscal del caso, Sabrina Flores. Esta citó como testigos a policías involucrados en la vigilancia y analiza la posibilidad de pedir una nueva pericia del celular de Astesiano, para ver intercambios con el presidente que su antecesora excluyó de la investigación.
En el almacén no se halló nada ilegal. Ojalá que se pueda decir lo mismo del celular.
Hasta mañana
Radio Ciudadana y la red contacto sur se soliradizan con los compañeros reprimidos por el gobierno de la derecha en uruguay en un atentado mas contra las libertades sindicales
Montevideo, 5 de junio de 2024
COMUNICADO URGENTE
El PIT-CNT rechaza y condena enfáticamente los actos de represión policial llevados a cabo por
el gobierno contra una manifestación de trabajadores de la pesca. En dicha manifestación,
resultaron heridos varios trabajadores por el empleo de balas de goma y perdigones, entre ellos
un trabajador de la prensa y el compañero Sergio Sommaruga, dirigente del SINTEP y miembro
del Secretariado Ejecutivo de nuestro PIT-CNT.
La manifestación pacífica es un derecho fundamental, protegido por nuestra constitución y
respaldado por los principios democráticos más básicos. La violenta respuesta del gobierno a los
legítimos reclamos de los trabajadores es inaceptable y atenta contra las libertades
democráticas.
Hace pocos días, nos impactaron las noticias sobre ciertos crímenes atroces perpetrados en la
capital de nuestro país. Lamentablemente, observamos con pesar que en lugar de proteger a
nuestros ciudadanos de la violencia del crimen organizado en los barrios, la Policía Nacional
parece enfocarse en reprimir a trabajadores y estudiantes que reclaman por sus derechos.
Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a todos los trabajadores heridos en esta injustificable
acción represiva. Desde nuestro PIT-CNT ya estamos iniciando las acciones legales pertinentes,
para denunciar estos graves hechos y que se investigue con celeridad el incidente y se
identifique y castigue severamente a los responsables de la violencia contra nuestros
compañeros.
Por último, exigimos una respuesta pública inmediata del gobierno, que asuma la
responsabilidad política ante esta situación de represión injustificada, desproporcionada y
carente por completo de profesionalismo por parte de la fuerza pública.
SECRETARIADO EJECUTIVO
NI UN MINUTO DE PAZ
Desde “Ghione es amiga” y Juan Gómez “es un gran cagón”: chats entre Iturralde y Penadés
El presidente de los blancos aseguró que la fiscal que lleva la causa es “de gran confianza” y una “gran tipa”.
La denuncia contra el exsenador del Partido Nacional Gustavo Penadés surgió en marzo de 2023, luego de que la exintegrante del Partido Nacional Romina Celeste Papasso hiciera público que el exlegislador había abusado de ella cuando aún era menor de edad.
En ese entonces, la Fiscalía tomó el caso de oficio e inició una investigación al respecto. El Departamento de Priorización y Asignación (DPA) del Ministerio Público había designado a Mariana Alfaro como la titular a cargo de llevar las riendas de la investigación, pero ella se recusó y la causa terminó cayendo en manos de Alicia Ghione.
En una publicación del semanario Búsqueda, se da cuenta de una serie de chats entre Penadés y el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, en marzo del 2023. El líder de los blancos le envió al exsenador: “Esta es una gran HDP. Fue la que pidió el allanamiento a Azul por tema violación y está con tema Océano. Le tiré a matar hoy y se cagó. Entendió el msj. La que sigue es Ghione. Si hay una lógica, se la tendrían que dar a ella”. Y en otro mensaje, Iturralde agregó: “Ghione es amiga”.
Días después, precisamente el 31 de marzo, la Fiscalía anunció que efectivamente Ghione sería la fiscal titular de la causa. “Se lo dieron a Alicia Ghione. Me acaba de llamar. Me pidió tu número”, le mandó Iturralde a Penadés, y consideró que la funcionaria del Ministerio Público “es de total confianza” y “gran tipa”.
Penadés agradeció las declaraciones que días antes Iturralde había hecho y él respondió: “Las merecés y más. Gómez entendió clarito las referencias a Fiscalía en las declaraciones mías. Es un gran cagón y sabe bien que Alicia es nuestra porque yo hablé mil veces con Jorge Díaz que la tenía sumergida. Hay que presionarlo, hay que empujarlo, que se caga y se va”.
En otro mensaje, el presidente de los blancos agregó: “Con Alicia la tienen porque no procesó un impresentable Cr [contador] de Carlos Moreira, archivó la causa de Cacho [Carmelo Vidalín] de las donaciones de las inundaciones, lo de las patentes del Cacho y la semana pasada archivó lo de la violación en la fiesta de la LUC en lo Del Pino. Siempre crack y en lo de la fiesta una monstrua”.
Con respecto a la fiesta, Iturralde se refiere a una denuncia que hizo una adolescente de 16 años sobre que habría sido abusada sexualmente en un festejo de la Juventud del Partido Nacional por la victoria en el referéndum contra la Ley de Urgente Consideración.
Montevideo Portal
Senado aprobó la nueva ley de medi os, que se trató de forma “grave y urgente”, y FA denunció “atropello” de la coalición
La oposición resolvió, “por primera vez desde la restauración democrática”, no participar más en la coordinación interpartidaria; a pedido de CA se incorporó un aditivo sobre el “derecho a una comunicación política completa, imparcial y equilibrada”
Sólo con los votos de la coalición de gobierno (16 en 29), la Cámara de Senadores aprobó este martes la nueva ley de medios, que contó con algunas modificaciones y un aditivo propuesto por Cabildo Abierto (CA) [ver recuadro] que fue cuestionado por la academia. El tema fue propuesto de forma grave y urgente, pese a que no se trató en la Comisión de Industria de esa cámara una vez que fue aprobada por Diputados a fines del año pasado. El Frente Amplio (FA) entiende que se trata de un “atropello”, e incluso la presidenta de la cámara, Beatriz Argimón, se mostró sorprendida y dijo que no estaba enterada de que se iba a plantear el tema en esta jornada.
En conferencia de prensa, al término de la votación, el senador del FA Óscar Andrade lamentó la derogación de la normativa vigente y afirmó que con la nueva ley –aunque resta la aprobación de los cambios en la Cámara de Diputados para su sanción definitiva– “perdió la calidad democrática”. Dijo que “la historia de la adjudicación de medios en Uruguay es una historia no transparente”, basada en “una relación perversa entre el poder mediático y el poder político”.
Por su parte, el también frenteamplista Alejandro Sánchez aseguró que la nueva ley implicará “una concentración de los medios de comunicación que va en contra de cualquier estándar internacional”, puesto que la norma aprobada, sostuvo, “habilita una concentración desmedida”. Apuntó, además, que “se generan mecanismos por los cuales los medios de comunicación no tendrán que abonar por utilizar el espacio radioeléctrico nacional”, que es propiedad del Estado uruguayo, y “se desfinancia el Fondo Nacional Audiovisual”.
En tanto, el senador del FA José Carlos Mahía, coordinador de la bancada de la oposición, informó que, tras la decisión del oficialismo de tratar el proyecto sin aviso previo, el FA resolvió, “por primera vez desde la restauración democrática”, no participar más en la coordinación interpartidaria. A partir de ahora, sostuvo, la oposición anunciará sus iniciativas “a través del propio pleno”. “Se rompieron los códigos de los relacionamientos entre los partidos”, subrayó.
Debate caliente
En la sesión, el FA cuestionó duramente cómo se dio el tratamiento del proyecto. De acuerdo a Mahía, hubo problemas de “fondo” y “forma”. “Esto no fue planteado para tratarse hoy, hablamos de lo contrario” en la reunión de coordinación interpartidaria, dijo, y agregó que dicho proyecto tuvo “apenas la entrada en la Comisión de Industria, no hubo un tratamiento de un solo día, de un solo artículo, absolutamente nada”, lo que “deslegitima el funcionamiento de una coordinación interpartidaria”.
Por su parte, la senadora frenteamplista Silvia Nane, que preside la Comisión de Industria, señaló que “esta urgencia no estuvo” en la comisión, que es el lugar “donde esto se debería tratar”. “La única explicación que le veo a todo esto es que se vienen los tiempos electorales, esa sensación en el aire de que la coalición no va a volver a gobernar se ve que está apurando el período de los mandados, y acá tenemos una muestra más de un atropello a todos los diálogos que nos está regalando una vez más la coalición de gobierno”, fustigó.
De acuerdo con Nane, “esto no queda acá, porque no nace de un repollo la discusión. Esto ya ha venido con varios embates en las rendiciones de cuentas, en el Presupuesto, que han ido como tomando tajadas de eso que les es tan necesario, se ve, para la campaña electoral a modo de una cuenta”.
En tanto, Andrade, del FA, dijo que le hubiese gustado que la urgencia hubiera estado para el proyecto de primera infancia, para garantizar la alimentación en las escuelas o para aprobar la ley de financiamiento de los partidos políticos. Sin embargo, cuestionó que “la urgencia sobre tablas es para definir esto. Esperemos que haya algún informe que nos diga que es buena la extranjerización de los medios de comunicación y ese fundamento [esté] con claridad en el articulado, cuando la norma anterior permitía como máximo el 49% de las acciones. Seguramente quienes tienen urgencia en aprobar esto lo podrán explicar, pero se eligió el peor camino”, criticó.
El senador blanco Jorge Gandini apuntó que el proyecto está en el Parlamento “casi desde que se inició el período parlamentario”. Señaló que en Diputados se “discutió mucho, fue y vino”, y que llegó al Senado al final del período. “Lo que está en el fondo es que una parte del Parlamento quiere que quede vigente la ley anterior y otra parte quiere que se cambie. Quienes quieren que quede la anterior, obviamente quieren que se discuta y se discuta y vengan unos y vengan otros, porque ya estamos sobre la hora y va a perderse la oportunidad de cambiarla y nosotros queremos cambiarla”, indicó Gandini.
Asimismo, el nacionalista dijo que, a diferencia de lo sucedido en la cámara baja, ahora hay acuerdo con los socios. “Hoy es prácticamente la última sesión antes de la interna; yo no sé si en junio vamos a tener sesiones, y si las tenemos, capaz que no tenemos cuórum, porque es lo que está pasando en algunas comisiones. Hoy hay que votarla; si no se vota hoy quedará para antes de la elección, y mejor estas leyes aprobarlas antes de que se contaminen con todo el proceso electoral en el que se disputa un nuevo gobierno”, argumentó.
En el tratamiento en la cámara alta se eliminaron los artículos 51 y 52 del proyecto que vino de Diputados. El primero indicaba que “para el caso de los servicios establecidos en Montevideo y la zona metropolitana, ya sean servicios de televisión abierta, de televisión para abonados en sus señales propias y las señales de televisión que sean difundidas o distribuidas por servicios para abonados con licencia para actuar en la misma zona, al menos el 60% de la programación total emitida deberá ser de producción o coproducción nacional, sin contar la publicidad y la autopromoción”. El segundo, en tanto, decía que “los servicios de radiodifusión de radio abierta establecidos en Montevideo y la zona metropolitana deberán emitir al menos 30% de música de origen nacional del total de su programación musical, o realizar campañas de promoción de artistas nacionales a los efectos de difundir la cultura nacional”.
El aditivo cabildante
Pese a que no estaba de acuerdo en principio con la iniciativa, CA acordó con los socios incorporar un aditivo sobre el "derecho a una comunicación política completa, imparcial y equilibrada", una iniciativa que había impulsado en la discusión en Diputados. El aditivo indica que “los ciudadanos tienen el derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada” y fue aprobado sólo con los votos del oficialismo.
El aditivo aprobado añade que “los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos”. “Esta obligación comprende a todos los programas y espacios en que se emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenidos de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo, administrativo, parlamentario, jurídico, académico y electoral”, apunta.
Quedan exceptuados de esta disposición “los programas o espacios de comunicación de partidos políticos, agrupaciones partidarias, instituciones universitarias y académicas públicas y privadas, sindicatos, asociaciones estudiantiles, cooperativismo, centros comerciales, organizaciones rurales, cámaras empresariales, agrupaciones profesionales y otras fuerzas sociales de la República”.
Por Fernando Gil Crónicas del Este
19 marzo 2014
El pasado 14 de marzo se confirmó la condena por el espionaje sufrido por los senadores Mario Bergara y Charles Carrera, tras un acuerdo abreviado al que llegó la Fiscalía encabezada por la fiscal Sabrina Flores con la defensa de Marcelo Acuña, exgerente de la empresa Vertical Skies. Un caso que sonó fuerte tras los audios divulgados entre este último y el ex jefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, y por el cual se había acordado la confección de carpetas personales que involucraran a los senadores espiados en casos de supuesta corrupción que los hicieran desistir de su denuncia penal por la entrega del puerto de Montevideo hasta el año 2081.
Tras la aparición del caso, el presidente Lacalle Pou salió al cruce relativizando la denuncia y sembrando un manto de duda que hoy se corrió de forma contundente confirmando el espionaje.
Mientras tanto, transcurrido un tiempo prudencial del fallo, el silencio impera en la Torre Ejecutiva…
Del supuesto al hecho, hubo un corto trecho La velocidad parecía ser la regla en el estilo comunicacional del presidente. Ávido por mostrarse informado y respondón, no se guardó nada al momento de relativizar los hechos. Una modalidad recurrente en su gestualidad que lo ha llevado a cometer gruesos errores, por apurado no más. Así ocurrió en el recordado caso del exsenador Gustavo Penadés: ¿A quién iba a creerle sino al amigo? Un error que si algo no tuvo fue exclusividad, pues fueron varios más que aplicaron la misma lógica correligionaria.
En otros casos tuvo la brutalidad de cometer un verdadero sincericidio, cuando interrogado sobre los cambios operados en la flexibilización de la normativa antitabaco, reveló claramente quién se lo había pedido. Y que no fue -precisamente- ninguna “fábrica de chicles”. Tan frontal para salir en cámaras cuando saltó la pandemia, y tan alejado cuando los resultados nos pusieron en el peor podio mundial de muertos cada 100 mil habitantes; así se ha movido el presidente de los uruguayos. Eligiendo los tiempos y los temas sobre los que salir a hablar, midiendo el rédito político siempre. En los últimos tiempos ha cometido groseros errores que lo han expuesto de forma contundente sin que pudiera argumentar coherentemente sobre lo que se le preguntaba. Tal el caso de la destrucción de un documento público que le valió la remoción de dos ministros, dos subsecretarios y de su asesor en comunicación. Todo ello como corolario inevitable de otro exceso inexplicable como fue la expedición del pasaporte al narco peligroso y pesado, Sebastián Marset.
Si contar con una verdadera asociación para delinquir instalada en el piso 4 de la Torre Ejecutiva no le pareció bochornoso, no es descabellado pensar que tampoco le haya parecido un escándalo que se comprobara el espionaje a dos senadores de la oposición. Y ahí es donde deberíamos poner el foco, en que el primer mandatario debiera ser el primero en defender la institucionalidad democrática ofreciendo las máximas garantías a los uruguayos. A los que le votaron y a los que no, en tanto es el presidente de TODOS. Sin embargo, lejos de condenar con firmeza tales acciones, su primera reacción fue la de desacreditar la denuncia y relativizar los hechos. Los mismos hechos que hoy fueron plenamente probados y que demuestran que hubo espionaje a senadores de la oposición y que tales acciones tuvieron a su jefe de seguridad personal como protagonista. El silencio no es manifestación de consentimiento salvo cuando la ley lo establece expresamente. Esta máxima, que rige en el derecho, no es del todo válida en la vida cotidiana pues muchas veces la omisión de emitir un pronunciamiento termina siendo la confirmación de una postura o un pensamiento. En el caso es imprescindible para la democracia uruguaya, que el presidente de la República se manifestara de forma clara y contundente sobre el fallo de condena. Pues es la máxima autoridad que elegimos los uruguayos para defender los valores republicanos y el propio estado de derecho. Sin embargo, no ha reconocido -hasta el momento- que se equivocó cuando relativizó la denuncia ni tampoco se ha solidarizado con las víctimas del espionaje probado.
Georgina MayoCondenan hoy al gerente de la empresa Vertikal Sky por cohecho calificado. Marcelo Acuña le había pedido a Astesiano espionaje a los senadores Carrera y Bergara. Acuña admite el delito pero no reconoce quién le ordenó a él ese encargo.
No hubo ni la más mínima empatía no ya con representantes de la oposición ni excolegas legisladores (antes de ser presidente compartió cámara con los involucrados), sino que no tuvo la virtud de interpretar que más allá de las personas hay miles de uruguayos a los que representan. Tan siquiera por respeto republicano debió romper el silencio autoimpuesto. El silencio, a veces, puede tener un efecto contrario al buscado, al punto de convertirse en un grito ensordecedor por la contundencia de su manifestación. Así se muestra cada 20 de mayo en que los uruguayos hacemos sentir su estridencia sin emitir ningún decibel. El silencio también se mide por el intérprete ocasional que lo produce, y así como el pueblo uruguayo es uno altamente calificado, el primer mandatario es alguien que califica la magnitud de su existencia. El silencio en la Torre Ejecutiva en el caso del espionaje a senadores de la oposición es una mala señal que debiera corregirse rápidamente, para evitar que se disparen múltiples conjeturas. Mucho más cuando queda por saberse quien fue el que dio la orden de espiar…
“Herederos del aberrante Goyo” y “nostalgia”: réplicas de Abdala y Bergara a Manini
Ambas respuestas fueron suscitadas por los dichos de Manini acerca de las Fuerzas Armadas como “último cartucho contra instituciones”.
Las recientes declaraciones de Guido Manini Ríos en un evento de Cabildo Abierto generaron respuestas de rechazo.
“En este país hay instituciones antidemocráticas que tienen altísima incidencia en la política nacional, que tienen solo un freno para no pasar determinada raya; son las Fuerzas Armadas ese freno. Una institución, y lo pongo, como el Pit-Cnt, ¿quién los va a parar de que hagan lo que quieran en el país y que entren a la Casa de Gobierno y que quieran imponer esto y lo otro? ¿Por qué no lo hacen? Porque siempre está la posibilidad de accionar a las Fuerzas Armadas”, dijo el militar retirado.
Tras la publicación de tales declaraciones, la central sindical no tardó en manifestar su repudio.
“Los herederos de los Latorre, los Terra y del aberrante Goyo Álvarez nos hablan de democracia. Nadie le va a dar lecciones de democracia al movimiento sindical, que la defendió con su vida”, expresó el Pit-Cnt en su cuenta de Twitter.
El senador frenteamplista Mario Bergara también reaccionó a los dichos de Manini Ríos, y señaló con ironía que los cometidos que este le atribuye a las Fuerzas Armadas no constan en la legislación que regula su accionar.
“Leo y releo la Ley Orgánica Militar y no encuentro por ningún lado que la represión al movimiento sindical sea una de las funciones de las Fuerzas Armadas. Será que la nostalgia no es buena compañera de viaje”, expresó el legislador en la misma red social.
El sector frenteamplista Vertiente Artiguista tampoco permaneció indiferente a la palabras del líder de Cabildo Abierto, a quien directamente mandó a leer:
Rivera Elgue, Javier García y Fabián Martinez, en el Ministerio de Defensa, el 26 de diciembre de 2019.
Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS
Jefa notarial del Ministerio de Defensa fue imputada por trata y explotación laboral en Artigas
Otras cinco personas fueron imputadas por formar parte de una red que captaba personas de Venezuela para trabajar en condiciones infrahumanas en una cantera de piedras preciosas del departamento.
La Fiscalía de Artigas de 2º turno, a cargo de la fiscal Sabrina Massaferro, investiga el caso.
De los siete detenidos, seis personas fueron imputadas, específicamente cuatro hombres y dos mujeres. Una de ellas es abogada y trabaja en el Ministerio de Defensa. La otra es psicóloga y es de origen venezolano, como las víctimas. En el caso del séptimo detenido, no se encontraron elementos para formalizarlo.
La maniobra consistía en traer ciudadanos venezolanos a trabajar a cambio de la promesa de un pago de miles de dólares. Fiscalía informó que quienes cobraron apenas recibieron 150 dólares. Tenían que trabajar acompañados, nunca estaban solos. En algunos casos les llegaron a retener documentos de viaje, pot ejemplo, el pasaporte. Las víctimas están siendo atendidas por el Ministerio de Desarrollo Social y la Unidad de Víctimas de Fiscalía.
Para los imputados se dispuso el arresto domiciliario de 22.00 a 07.00, con dispositivo electrónico, durante 120 días. Tienen la obligación de fijar domicilio, no pueden salir del país, tuvieron que entregar los documentos de viaje y tienen restricción de acercamiento a las víctimas.
Sobre la abogada imputada, el ministro Javier García señaló que se trata de una “funcionaria de carrera de más de 30 años de antigüedad en el Ministerio de Defensa”. Indicó que era “presupuestada” y que “no es asesora personal ni cargo de confianza”. “Ocupa el cargo de jefa interina de sección notarial, cargo que ejercía”, aseguró.
Sin embargo, la resolución 03/023 de la cartera expresa que vista “la necesidad de designar en la Dirección General de Secretaría de Estado como Jefa Interina de la Sección Notarial del Departamento Jurídico Notarial de esta Secretaría de Estado a la Asesor III, Abogado, Escalafón A, Grado 11 Sonia Maria Mora Pintos [la imputada]”. Se plantea que ese cargo estaba “acéfalo” y “el jerarca de la unidad ejecutora dispondrá inmediatamente la sustitución seleccionando entre los funcionarios que cubran el perfil del puesto a subrogar”.
En este sentido, la Dirección General de Secretaría del Ministerio de defensa entendió que “conveniente la designación de la funcionaria Asesor III, Abogado, Escalafón A, Grado 11 Sonia Maria Mora Pintos en el mencionado cargo en virtud de haber tenido un destacado desempeño en sus funciones, demostrando interés y compromiso con la gestión”.
Via La Diaria
DE LA JUSTICIA A LA POLÍTICA
Imputada en Artigas trabaja en Defensa, García dijo que no es su asesora y el FA respondió
La mujer está involucrada en el caso de trata de personas. Nane acusó a García de “omitir parte de la verdad” y pidió que se “haga cargo”.
En las últimas horas del sábado, seis personas fueron imputadas por trata de personas y explotación sexual a, por lo menos, 28 ciudadanos venezolanos en Artigas. Las víctimas llegaban a Uruguay engañadas y luego debían trabajar en malas condiciones en las canteras del departamento.
Entre las personas a las que se formalizó una investigación, hay una funcionaria del Ministerio de Defensa. El tema trajo polémica entre el gobierno y el Frente Amplio por el cargo que ocupa la mujer y si es asesora del ministro Javier García.
El secretario de Estado aclaró en su cuenta de X (antes Twitter) que “la involucrada es una funcionaria de carrera de más de 30 años de antigüedad en el Ministerio de Defensa”.
“No es asesora personal ni cargo de confianza. Ocupa el cargo de jefa interina en la sección notarial, cargo que ejercía”, concluyó García sobre el puesto de la mujer, que es abogada de profesión.
Sin embargo, la senadora del Frente Amplio Silvia Nane respondió el tuit de García y lo acusó de “omitir parte de la verdad”.
“La persona no estaba en su función actual por carrera administrativa, lo estaba porque el ministro Javier García y demás autoridades así lo entendieron conveniente”, dijo Nane y agregó que “no fue concurso, fue designación directa”. “Hágase cargo”, consideró al final tras adjuntar la resolución de marzo de 2023.
Montevideo Portal
Exconcejal del Partido Nacional imputado por droga enviada a Europa
Se incautaron dos toneladas de droga en Amberes, las que salieron del puerto de Montevideo. Uno de los imputados es un exconcejal del PN. El estupefaciente iba escondido en un cargamento de alfajores, budines y vermouth.
Uno de los implicados en el traslado de 2 toneladas de cocaína desde el Puerto de Montevideo hacia Amberes, Bélgica, ha sido identificado como el excoordinador del Municipio de Cardona y exconcejal del Partido Nacional, según informes de La Diaria y confirmaciones de diversos medios de prensa.
El individuo, que El Observador y La Diaria identificaron como Carlos Mengen, enfrenta cargos por complicidad en el narcotráfico, ya que presuntamente habría viajado junto al transportista que llevaba la carga y le proporcionó instrucciones durante el traslado. Mengen presentó su renuncia como coordinador del Municipio el 29 de diciembre pasado, días antes de que los medios belgas informaran sobre la incautación de la droga camuflada en budines y alfajores.
Actualmente, Mengen se encuentra en prisión preventiva hasta agosto, periodo durante el cual continuará la investigación fiscal.
El intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, expresó su sorpresa ante la noticia, indicando que la renuncia de Mengen se justificó alegando una oferta de trabajo en Brasil. Además, Besozzi señaló que la solicitud de expulsión de Mengen del Partido Nacional ha sido enviada al Directorio, según lo informado por la departamental de Soriano.
Otro de los implicados en este caso es el propietario de la empresa Dositar, responsable de la compra de los productos (alfajores, budines y vermouth) y la realización de la exportación. Este individuo enfrenta cargos por tráfico de estupefacientes en modalidad de exportación.
Una tercera persona, vinculada a la empresa de exportación, fue inicialmente detenida y posteriormente puesta en libertad, aunque permanece emplazada y sujeta a las disposiciones de la Justicia, sin posibilidad de salir del país mientras continúa siendo investigada. Hasta el momento, no se ha logrado demostrar su conexión con la droga incautada.
Exigen que el exconcejal sea expulsado del Partido Nacional
Hace poco más de un año, asumió su cargo de la mano del alcalde Ruben Valentín, quien, al igual que el intendente Besozzi, pertenece a la agrupación Fuerza Blanca Soriano. No obstante, esta agrupación política excluyó recientemente al ahora imputado y ha solicitado, mediante una carta, su expulsión “inmediata” del Partido Nacional.
En declaraciones a La Diaria, Besozzi explicó que la solicitud se fundamenta en la incompatibilidad de tener en el partido a “una persona bajo investigación judicial”. “Me calienta que la gente, aquellos que integran el sistema político, sean del partido que sea, en este caso de mi partido y de mi grupo político, no tengan la claridad de los buenos valores”, adujo el jerarca.
Al referirse a las características del dirigente blanco imputado, el jefe departamental destacó que poseía un camión y se dedicaba al «transporte de mercancías», aparentando ser un «tipo bonachón», “un paisano de acá afuera”; en definitiva, “un ciudadano común y corriente”.
Por su parte, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, confirmó recientemente al diario que la agrupación a la que pertenece Mengen ha solicitado su expulsión. «Vamos a expulsarlo», aseguró el dirigente, “lo voy a pasar al Directorio ya directo, solicitando la expulsión”, concluyó.
Via Montevideo Com
Tras archivo de denuncia por construcción del Antel Arena, Cosse dijo que se enmarcó en un "ataque sistemático" contra ella
FOTO: Focouy
"Siempre he respetado a la Justicia y hoy archiva el caso", afirmó.
La precandidata frenteamplista Carolina Cosse habló este jueves luego que se conociera que la Fiscalía había decidido archivar la denuncia que el directorio de Antel presentó en esta administración por la construcción del Antel Arena, proyecto que ella lideró como ministra de Industria.
La intendenta de Montevideo dijo que la denuncia penal se enmarcó en una "trayectoria de ataque sistemático contra" ella, y agregó: "Siempre he respetado a la Justicia y hoy archiva el caso".
Cosse recordó el juicio político que tiempo atrás trataron de llevar adelante los ediles blancos de la capital, algo que fracasó en el Parlamento. A su vez, el directorio de Antel presentó en la Justicia una "semi-auditoría", dijo la precandidata, para "generar todo un caso penal" en su contra.
"Es una reafirmación de cómo hay que defender los pilares de la República", comentó Cosse, quien recordó qué le dijo el expresidente Tabaré Vázquez cuando ella le comentó sobre el proyecto -le alertó que la atacarían, pero le dijo que la obra era por los "derechos humanos" de la ciudadanía, según la precandidata-.
Además, la intendenta tuvo unas palabras hacia su madre, fallecida tiempo atrás. "Tuvo que vivir a una muy avanzada edad la noticia de este caso penal", lamentó.
via teledoce
Gustavo Penadés fue imputado con prisión preventiva por múltiples delitos sexuales
Gustavo Penadés fue imputado con prisión preventiva por múltiples delitos sexuales. El senador fue formalizado por once delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravados, tres delitos de abuso sexual agravados, un delito de violación, un delito de desacato, un delito de corrupción de menores y un delito de atentado violento al pudor, todos en reiteración real.
Penadés estará encarcelado mientras continúe la investigación. La Fiscalía de Delitos Sexuales, a cargo de la fiscal Alicia Ghione, tiene un año para presentar la acusación contra el político. Este plazo podrá prorrogarse por otro año más si la Fiscalía lo solicita.
Durante la audiencia de este martes ante la jueza de 36° Turno, Marcela Vargas, la fiscal Ghione sostuvo el pedido de prisión preventiva con base en los riesgos procesales, dado el lugar de poder que ocupa Penadés y los contactos que tiene. Se tomó en cuenta que puede existir un amedrentamiento contra las víctimas, de quienes se buscó conocer la identidad; también la posibilidad de la fuga o el entorpecimiento de la investigación. Además, por los delitos imputados, la ley de urgente consideración establece que es obligatorio que la Fiscalía plantee la prisión preventiva como medida cautelar.
La defensa se opuso a este pedido, apeló y solicitó que se aplique una medida menos gravosa, como la prisión domiciliaria, lo que fue rechazado por la jueza, que optó por la prisión preventiva, acompañando la postura de la Fiscalía.
“No tengo miedo a nada”, dijo Penadés al llegar a la audiencia sobre la posibilidad de ser encarcelado. Además, el exsenador sostuvo que cuenta con “la tranquilidad de la inocencia”.
Por su parte, Sebastián Mauvezin, exprofesor del Liceo Militar, señalado como reclutador de los adolescentes, también resultó imputado por siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad en régimen de reiteración real. También se dispuso su prisión preventiva mientras continúa la investigación.
“Un político que abusó sexualmente y de su poder”
Entre las once víctimas que declararon contra Penadés hay adolescentes y adultos. La primera víctima en hacer pública esta situación fue Romina Celeste Papasso, correligionaria de Penadés. Las otras diez víctimas son varones y existen distintas temporalidades en cuanto a cuándo fueron los hechos. No se descarta que haya más víctimas.
Tras conocerse la imputación de Penadés, Papasso publicó un comunicado en sus redes sociales en el que planteó que Penadés es “un político que abusó de varios menores de edad durante toda su vida” y que “no sólo lo hacía sexualmente”, sino que “también lo hacía abusando de su poder como político”.
“Quiero contarles que jamás me arrepentí de ser la primera denunciante y dar lugar a que se iniciara una investigación”, dijo Papasso, que a su vez señaló: “No les voy a negar que los primeros meses fueron muy difíciles porque él me amenazó con que me iba a denunciar y además tenía el apoyo de todas las autoridades”. Tanto el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, como el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, respaldaron públicamente a Penadés cuando se hizo pública la denuncia de Romina. A la luz de los hechos, pero previo a la audiencia, este martes Heber planteó que este “es un tema personal que él tendrá que aclarar en la Justicia, no sólo ante la opinión pública, sino también a quienes teníamos relación con él”.
“No fue fácil. Yo no tenía pruebas de lo que estaba denunciando. Quiero decirles que siempre fui con la verdad y dejé todo en mi vida por esta causa. No sólo por mí, también por las otras víctimas. Tenía que estar fuerte porque es un tema muy sensible para toda la sociedad”, afirmó la denunciante, que enfatizó en que “no fue fácil enfrentarme contra el poder”.
A su vez, rechazó la denuncia que recibió en los últimos días de los abogados de los imputados, en la que se plantea que ella falsificó chats: “Nunca creé ningún tipo de chat. Fui compartiendo por Twitter la misma información pública que iba saliendo en redes sociales”.
Finalmente, Papasso resaltó: “Estoy muy conforme con la investigación de la Fiscalía”. Y acotó: “Sé que no tienen nada para defenderse y fracasaron en su defensa. Entonces van a atacarme y yo me voy a defender”. La militante del Partido Nacional aseveró “estar pronta para defenderse”.
Una estafa procesal
La fiscal Ghione dijo que se basó “en muchísimos riesgos procesales”: “En amenazas a las víctimas, en seguimientos a las víctimas, en lo que entendemos es una estafa procesal porque el plan del que hablaba el senador Penadés desde el inicio es un plan que armó el propio senador con información pública, con colaboración de asesores y con colaboración de policías. De hecho, tenemos un jerarca del Instituto Nacional de Rehabilitación detenido desde las 19.00 horas del día de hoy”, que es el director del Comcar, Carlos Tarocco, según informó la fiscal. Fue detenido por ser parte del armado de un plan de Penadés contra las víctimas. La fiscal detalló cómo se estaba armando el plan e indicó que se descarta de momento que esta investigación pase a Crimen Organizado.
Ghione explicó tras la audiencia que “las diferencias en los delitos tienen que ver con los tiempos y los años, de cuáles eran los tipos penales que estaban vigentes a la época que iban ocurriendo los hechos”. “El delito de desacato es porque una de las víctimas, que no quiero reiterar ahora su nombre, tenía una identidad reservada, y el senador Penadés, a través de un programa radial, que ustedes ya sabrán cuál es, con fecha 3 de julio, develó la identidad de la víctima”, explicó la fiscal. “Incumplió una medida judicial”, enfatizó.
“El reporte de Meta, que recién lo obtuvimos la semana pasada, lo pusimos a disposición de la defensa, arroja un correo electrónico, y ese correo electrónico corresponde a un preso que dice que es amigo de Romina, y que Romina le habría manejado el correo. Esa es la información del chat sobre el preso”, sostuvo la fiscal, que agregó que el hombre está privado de su libertad en el interior del país.
La fiscal confirmó que “víctimas denunciaron, más que autos extraños, denunciaron seguimientos concretos que también tienen que ver con la pieza que aún tenemos reservada”, y también consignó que vio un auto en su casa y cuando intentó sacar una foto, se fueron.
Según el auto de formalización del Poder Judicial, se indicó que se practique una pericia médico forense a Penadés para que “el médico se sirva determinar si el imputado puede ser ingresado a un centro carcelario” y que esto se acompañe de su historia clínica. Además, fue embargado por 25 millones de pesos y se dispuso la suspensión del ejercicio en funciones públicas o privadas en el área educativa, la salud y de todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia. También de la patria potestad. Lo mismo para Mauvezin. En su caso, el embargo es por tres millones de pesos.
Via https://ladiaria.com.uy/justicia/articulo/2023/10/gustavo-penades-fue-imputado-con-prision-preventiva-por-multiples-delitos-sexuales/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=manana
-
En el barrio Peñarol ganó el método mexicano
Publicado el 23 de enero de 2023 - la diaria
Por Gustavo Leal
En el barrio Peñarol se vive un infierno. Ocurrieron 17 homicidios en diez meses. Una nueva banda criminal tomó el control del barrio y desbancó al clan de la familia Segales descuartizando y quemando rivales.
La realidad es muy diferente del relato autocomplaciente y triunfalista del gobierno, que asegura que se ha desarticulado una banda criminal de las cinco que operan en la zona.
En los últimos días, el clan de la familia Segales, relacionado con el narcotráfico en el barrio, quedó duramente golpeado en su estructura porque otra banda criminal se impuso con un método feroz: secuestrando, torturando, quemando, asesinando y enterrando gente para desaparecerla. En el barrio con más homicidios del país se presume incluso que hay más cuerpos enterrados de personas que desaparecieron y que aún no se han encontrado.
Atribuirse el éxito de una banda criminal que desplaza a otra como mérito propio de la política de seguridad es irrisorio, además de irresponsable. La banda fue sustituida por otra aún peor que hoy se consolidó. Pero en la persistente construcción del relato, el gobierno se esfuerza en atribuirse lo que insólitamente considera un logro.
Los investigadores policiales tienen claro el escenario, pero no pueden evitar que las ansias de protagonismo político de las autoridades presenten un panorama de situación bajo control. Son conscientes de la gravedad de lo que sucede y observan en silencio, sin poder contradecir en público el relato. Sienten hasta vergüenza ajena por la liviandad con la que se abordan problemas complejos.
En el barrio Peñarol operan varios grupos vinculados a la distribución de drogas con vínculos hacia otras actividades delictivas. Hasta hace un tiempo, la familia Segales mantenía el liderazgo, pero en una confrontación de diez meses fue desplazada por La Tita, una mujer que implementó en forma minuciosa el modelo mexicano de control territorial. En menos de un año, se convirtió en la patrona del vecindario.
La caída del clan Segales La banda de los Segales estaba constituida por Walter Segales, padre de cinco hijos a los que se sumaban algunos otros parientes, además de personas del barrio. No era un grupo numeroso, pero mantenían en la zona al menos cuatro bocas de drogas. En noviembre de 2021, Walter Segales fue encontrado muerto en su casa como consecuencia de un paro cardíaco. Su caso fue caratulado por la Policía como “fallecimiento sin asistencia”. En ese momento estaba en condición de emplazado por la Fiscalía, ya que debía de responder en el marco de una investigación de tráfico de drogas en la que una de las evidencias era lo encontrado días antes en un allanamiento en su propia casa.
El equilibrio en la ecuación de fuerzas se alteró a partir de esa muerte. La banda de la familia Vallejo, otro de los cinco grupos que se disputan la zona, resolvió destronar a la banda de los Segales. Pero en la dinámica de ganadores y perdedores que produce un enfrentamiento abierto le allanaron el paso a otro grupo que, a fuerza de la violencia inusitada y el terror, se hizo más fuerte y dio el jaque mate.
En los primeros días de enero de 2022, en plena tarde veraniega y desde un auto, integrantes del clan Vallejo dispararon más de 20 veces hacia la casa de la familia Segales, matando a uno de los cinco hijos, de 32 años, e hiriendo a otro, de 26 años de edad. Desde esa fecha hasta mayo hubo nueve homicidios en la zona, cifra que se duplicó entre julio y noviembre. Las muertes siguieron y comenzaron a aparecer cuerpos calcinados y desmembrados en las calles del barrio. A partir de ahí, la situación empeoró aún más.
Mauro Segales, uno de los hijos de Walter, tomó el mando al morir su padre. Los vacíos de poder se olfatean en las estructuras criminales. Sabedor de que la ausencia de su progenitor podía interpretarse como debilidad de la banda, resolvió atacar. Junto a uno de sus lugartenientes, apodado El Keto, en la antesala de la Noche de la Nostalgia, robaron la droga que distribuían tres vendedores de La Tita. Ella había decidido abrir una fuerte competencia en un escenario de alta movilidad y de muchas oportunidades.
Es así que, en la noche del 23 de agosto, además de rapiñarles la droga a los distribuidores, asesinaron a cada uno de ellos con un disparo en la cabeza. El triple homicidio se produjo en un baldío en camino Edison y Watt. En la madrugada tiraron en los pastizales los cuerpos de un hombre de 49 años, otro de 44 años y una mujer de 49 años.
Jessica Paola Silva Montero, de 27 años de edad, alias Beba, fue testigo casual de aquella masacre. Ella era una consumidora de drogas y estando en las cercanías del baldío presenció la ejecución. Inmediatamente de observar lo sucedido fue a la casa de La Tita para entregarle información y conseguir a cambio un pago en sustancias por el dato tan relevante que aportó. La Tita se enfureció y, en represalia, mandó matar a El Keto. Pero ese atentado no fue exitoso: las balas le rozaron la cara, pero no lograron el objetivo. Eso sí, los disparos le dejaron la marca de “cara cortada” en ambos pómulos.
Cuando hay acción, hay reacción. La consecuencia del fallido atentado a El Keto fue que este y Mauro Segales secuestraron a Beba. La noche del 29 de octubre, la subieron a un auto y la llevaron por la fuerza a la casa de Claudia Gisele Viana Caramez (hermana de El Keto), quien prestó su hogar en pleno barrio Peñarol para que fuera sala de tortura y calvario. En su presencia, la golpearon y la interrogaron hasta matarla. En el ínterin le sacaron fotos y la filmaron para enviar esas imágenes a parientes y allegados como forma de señal mafiosa. Luego la descuartizaron en el living con un serrucho y pusieron partes de su cuerpo en cuatro bolsas de nailon negras. Ambos asesinos le indicaron a la dueña de casa que ella debía descartarse del cuerpo, tirando en diferentes lugares las bolsas que contenían las partes del cuerpo desmembrado. La escena de sangre en las paredes y pisos de la morada era dantesca, pero la mujer salió a dispersar por el barrio, a manera de señal mafiosa, las partes del cadáver. Luego de ubicar los restos del occiso en diferentes lugares, retornó a su casa para baldear el living y tratar de limpiar todas las manchas de sangre que habían quedado. Terminó su tarea cuando ya había amanecido.
Dejó una de esas bolsas en una boca tormenta en la esquina de Edison y Marconi. Los vecinos denunciaron que veían “un paquete y una bolsa” en una alcantarilla y que se registraba un fuerte olor a putrefacción. Se constató, al llegar la Policía Científica, que en esa bolsa había partes del cuerpo de una mujer en estado de descomposición.
Horas después, asustada por la situación, la mujer que tiró los restos se presentó a la seccional, acompañada por su madre, para entregarse y al mismo tiempo denunciar en la Policía a su hermano, El Keto, y a Mauro Segales. Este último fue detenido y actualmente cumple prisión preventiva. El Keto logró escapar de la Policía.
El ascenso de La Tita Pero la historia de muerte y venganza continúa. Un joven de 24 años apodado Brasil había sido pareja de Beba, con quien tenía un hijo de dos años. Tanto Brasil como Beba eran consumidores de drogas y clientes recurrentes de una de las bocas que regentea La Tita. Al enterarse del descuartizamiento de la madre de su hijo, Brasil juró venganza y se puso a la orden de la jefa emergente para hacer justicia. Hace unas semanas, Keto y su hermano Pachi seguían siendo buscados por la Policía, pero fueron emboscados por los lugartenientes de La Tita, quienes le dieron a Brasil un papel protagónico en la venganza. El golpe contra los hermanos Viana Caramez fue una señal contundente del nuevo poder ascendente. Luego de asesinarlos con dos tiros a cada uno, varios consumidores que estaban en la boca participaron en el enterramiento de los cuerpos, en un ritual macabro previo a esparcirles cal. El Keto fue enterrado, pero el codo quedó a la vista, mientras que a Pachi lo tiraron en una zona de cañaverales de muy difícil acceso, cerca de un arroyo.
Luego del doble homicidio, Brasil y su nueva pareja se fueron a Artigas, de donde es oriundo. Ahí le confesó a su padre que había vengado el descuartizamiento de su exesposa y este lo denunció a la Policía. La joven que acompañaba a Brasil intentó una última jugada para protegerlo: se presentó a la Policía para informar que sabía con precisión la ubicación de los cuerpos, lo que permitió los hallazgos. Las delaciones mediante llamadas anónimas de los participantes del ritual macabro permitieron aclarar los homicidios y encontrar los cuerpos enterrados en pleno barrio Peñarol.
El nuevo plan de Heber Hoy el clan de la familia Segales fue desplazado en su liderazgo, aunque no dejó de existir. Pero quien ganó la pulseada lo hizo aplicando una dinámica criminal que comenzó a asomar en el país emulando la modalidad mexicana de control territorial. No hay un éxito del Estado. Lo que está en juego es la gobernabilidad, y como sociedad estamos cada vez más en deuda con la democracia.
Eso implica un Estado que no pudo parar la espiral de violencia ante la escalada de homicidios, descuartizamientos e intentos de desapariciones de cuerpos. Fue en mayo que el ministro del Interior anunció en Peñarol un plan para combatir los homicidios. Desde entonces hasta la fecha aumentaron 25%.
En estos días el ministro Heber anunció un nuevo “Plan de Prevención de Homicidios”. Nadie sabe si el plan anterior existió y era real o fue otro anuncio vacío. En todo caso, lo que no se puede discutir es que fue un fracaso, porque aumentaron los homicidios que pretendía disminuir. Pero de eso nada dijo.
Los políticos deberían acostumbrarse a debatir con rigurosidad. A días del inicio del cuarto año de gestión, Heber anuncia en un programa de televisión que va a reclutar exdelincuentes como consultores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que hablen con los sicarios, promuevan un alto el fuego y los convenzan de dejar de asesinar. Serán contratados bajo el nombre de “interruptores de violencia”.
La cúpula del Ministerio del Interior parecería no tener noción de lo que sucede en la dinámica criminal. Tal vez esa sea la razón por la cual plantean la idea de pagarle un sueldo de consultor internacional a exmafiosos para que logren convencer a La Tita y al clan Segales, utilizando la palabra y técnicas de psicología conductual, de que depongan su actitud. El ministro Heber ejemplificó que, ante el cobro de cuentas impagas de los narcos por la compra en las bocas de venta de drogas, es necesario tener gente “en el terreno” para que “las consecuencias de esa guerra que tenemos [en referencia a la Policía] contra el narcotráfico no se transformen en muertes”.
Este gobierno está confundido, sin rumbo ni estrategia. Recurre como manotazo de ahogado a un préstamo millonario para una propuesta que el propio Heber reconoció que no sabe si funcionará. Es la improvisación y el talenteo al mando del Ministerio del Interior. Además, Heber dijo que el acuerdo con el BID está “por firmarse” y que espera ponerlo en práctica recién “el año que viene”, o sea en 2024, que es el último año de gobierno y en pleno calendario electoral.
Las experiencias de mediadores o referentes de pares no son pertinentes para desarticular el accionar de organizaciones criminales. Son instrumentos para apoyar procesos de reinserción en el mundo educativo y laboral cuyo “trabajo” debe ser en la economía formal y real a través de empresas o empleos públicos. Este tipo de acompañamiento puede ser utilizado en casos de procesos de egreso de la cárcel o en el cumplimiento de medidas alternativas a la libertad de personas primarias. Se trata de que personas de las comunidades puedan ser un punto de apoyo para una mejor reinserción social.
Pero en esta propuesta la confusión conceptual es total, la incertidumbre mayor y la deriva segura.
El anuncio del gobierno desmoralizó a la Policía y cayó como un balde de agua fría porque no valora su trabajo profesional. Ni se preocuparon por consultarla. Uruguay tiene una crisis de seguridad que hay que afrontar con políticas integrales serias y respaldando a la Policía. No acepto que se pretenda ridiculizarla y menoscabarla en su moral bajo el argumento de que “no entienden el léxico” de la delincuencia.
Con los sicarios y narcos no se negocia. Y menos aún se les anuncia que con deuda externa se contratará a personas de sus propios entornos para que los hagan desistir y capitular. El anuncio público de Heber es la antítesis del profesionalismo y la seriedad. Ya puso en alerta a los criminales y expuso a los policías a represalias. Se deberá hacer responsable.
Gustavo Leal es sociólogo
REGALO DE FIN DE AÑO DEL GOBIERNO DE #LacayoPou Al alza
Tarifas: UTE aumenta 3,5% y OSE 6,7%
MONTEVIDEO
(Uypress) – Las tarifas de UTE y OSE tendrán un incremento de 3,5% y
6,7% respectivamente, según trascendió de diversas fuentes.
El directorio de la compañía de electricidad resolvió por mayoría
proponer al poder Ejecutivo aplicar un incremento promedio de 3,5% en
sus tarifas, argumentando que se ubica en el entorno del 50% de la
inflación proyectada por el Ministerio de Economía y Finanzas para el
año próximo, que es de 6,7%.
Por su parte, desde el oficialismo se planteará en el directorio de
OSE que la suba de las tarifas sea de 6,7%, comenzando a regir los
nuevos precios a partir del 1° de enero.
En lo que refiere a los combustibles, se espera para este jueves una
resolución del Ministerio de Industria, Energía y Minería. De acuerdo al
informe técnico, basado en el realizado por la URSEA sobre los Precios
de Paridad de Importación, los precios deberían bajar.
Imagen: UTE
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
¿Los
uruguayos seremos o nos
hacemos?
En
la práctica a menos de 10 días de terminar este 2022, sigo un poco
la línea de mi anterior artículo. ¿Somos o nos
hacemos? Aunque al parecer la pregunta esta mal realizada o
expresada. En estos últimos días, con los nuevos Twitter y
WhatsApp y lo nuevo que va saliendo en las redes sociales, que por
desgracia para los políticos de fuste no se les dio aquello de Pan y
Circo.
La
vice canciller del MM.RR.EE., termino renunciando antes de que la
rajaran del cargo. Porque mira que cobrar miles de dólares de sueldo
mensual, para ir a tomar el té con el representante (defensor) de
Sebastián Marcet. Cuando uno de los máximos jerarcas del
Ministerio del Interior, Maciel decía sobre Sebastián Marcet que
es: “un narco peligroso y pesado y seria terrible que quedara
libre”. Ahora al parecer eso es solo un error o tropezón. Pero
nadie, a no ser aquellos de abajo, se siguen preguntando cuanto le
costó a Sebastián Marcet dicho pasaporte en dólares. Como me
decía un viejo periodista amigo ¿Quién los cobro? Pero eso no es
para salir a decir lo dicho por la señora Ache en su polémica con
Gandini, ni ella decir que así no se trata a las mujeres. La
trataron así por no hacer las cosas bien. ¿El reparto de
responsabilidades NO fue equitativo?
En
estos días también salió a charlar sobre el tema de Astesiano,
prensa mediante, la vicepresidenta del país Beatriz Argimon. Según
ella lo único real de este personaje es que es un gran traidor. ¿Un
gran traidor? Si ella lo dice así será. El jefe de seguridad del
presidente de la Republica con casi treinta indagatoria y dos
remisiones a la cárcel. Este “personaje del año” que tenia un
despacho en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva, que figuraba en las
listas del P. Nacional hace ya decenas de años, este personaje es un
gran desconocido, ahora que este detenido y nadie le puede pedir un
favor. Hoy es como la lepra, nadie se le acerca. Pero aun así
muchos tienen el gran temor de que este bocón hable. Porque para
algunos es solo eso un bocón. Este personaje, Astesiano, hoy
detenido y usufrutuando de entrevistas y visitas en una cárcel, casi
Vip, según se dice para primarios, este personaje esta imputado por
participar en una banda de falsificadores de documentos, por presunto
tráfico de influencia y espionaje a senadores de la oposición.
Aunque la nota de la semana seria él, porque el ex esposo tiene que
saber donde anda y porque anda donde su señora de viaje. ¿Todo
porque lo pidió el señor Astesiano? El pueblo en general NO es
estúpido, se podrá hacer, pero NO es. Sera que se quiere alejar
del todo de su profesión de esposa. Aunque, aun no estamos en la
vecina orilla para meternos en esto enredos de polleras. Todo esto
está muy enredado, cada día salen nuevos capítulos de esta hermosa
pelea entre “Chimangos y yerbas”, peleas estas que vienen de muy
larga data. Esperemos que no aparezca como el Villita Saravia.
Todavía tiene mucho que aclarar.
Aunque
el año se termina, también muy pronto bajara el telón de este
gobierno muy nefasto, para todo aquel que no sea un maya oro a
criterio del presidente. Como reflejo del gobierno tal vez así no
fue en Catar no salimos de la serie, nos vuelve atacar el COVID.
Nuestro presidente sigue inaugurando obras que él no comenzó, es
más podríamos decir que se opusieron el y su partido político.
Aunque en política eso esta bien y hay que decir que son obras
comenzadas en gobiernos anteriores, es más hay que invitar a los ex
directores que comenzaron esas obras. Sino puede sonar a ser un tipo
cínico, por no decir una cara dura.
Para
algunos integrantes de la coalición multicolor el 2022, año que
termina a sido muy lindo pues ya no son colonos son dueños de la
tierra, con un abogado amigo cualquiera puede sacar buena tajada. ¿O
me equivoco? Otra gran persona resulto una integrante del
parlamento, en su calidad de suplente, que viene ganando licitación
tras licitación, todas por muchas decenas de miles de pesos. ¿Sera
la suerte que le dicen?
Una
cosa muy triste de este año es que, en los últimos cinco años, el
1 % de la población paso por la cárcel. Eso si nos debe de llevar a
pensar. Que es lo que nos está pasando, como sociedad. ¿Por qué?
Hoy la oposición, a este gobierno neoliberal, bien centrado hacia la
derecha, en contra el pobrerío, de espalda al trabajador, de espalda
al jubilado, al pequeño comerciante, como ellos mismos lo han dicho
en boca del presidente, estamos junto a “los maya oro” porque
ello son los que mueven la economía del país. Este será el tercer
año consecutivo de rebaja de salarios y jubilaciones. Aun así, la
oposición no logra encolumnar se detrás de propuestas concreta,
como lo fue el voto ROSADO del SI. O la consigna del Frente te
escucha, que al parecer prosigue en este año nuevo que comienza.
¿Ahora realmente escucha a todos? En especial al interior profundo,
ese que según muchos militantes les hizo perder las elecciones del
2019. Sino la pregunta del millón de pesos, al decir de integrantes
de la mesa política de ese interior profundo: ¿Por qué se le
regalo la presidencia del Congreso de Intendentes al Partido
Nacional? Porque tres personas, tres compañeros, NO lograron
ponerse de acuerdo quien sería el presidente por un año. Lo mismo
nos pasara nos decía una compañera del interior, delegada en la
mesa política, en el 2024. ¿Primaran los intereses políticos o
personales, o primaran los sectoriales? ¿A los militantes se los
consultara, se los escuchara? O simplemente los grandes sectores
serán los que resuelvan. Tal vez y sin tal vez, son demasiadas
preguntas para realizar en un articulo de despedida de año.
Para
los creyentes en las Navidades FELICIDADES.
FELIZ
2023, que sea un año de lucha y esperanza para los más
desposeídos, para los que menos tienen. Debemos de recordar que hay
que dar NO lo que nos sobra sino lo que otros necesitan.
WILLIAM
MARINO
El subdirector ejecutivo de la
Policía, Jorge Berriel, dijo a la Fiscalía que Jorge Larrañaga le ordenó
brindar información a Alejandro Astesiano
Via La Diaria
Luis Calabria, que estuvo
presente en esa reunión entre Larrañaga y Berriel, aclaró que la orden
se limitaba a colaborar con el excustodio presidencial en el
cumplimiento de sus funciones.
El subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Jorge Berriel, llegó
sobre las 12.00 del miércoles a la sede de la Fiscalía de la calle
Cerrito para declarar ante la fiscal de Flagrancia de 12° turno,
Gabriela Fossati, en la causa que investiga a jerarquías policiales por presunto tráfico de influencias en el vínculo con el exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano.
A la salida de la Fiscalía, su abogado, Andrés Ojeda, expresó en
rueda de prensa que toda la actuación de su defendido se dio en el marco
de una cadena de mando y que el exministro del Interior Jorge Larrañaga
había ordenado brindar información a Astesiano, en su calidad de jefe
de la seguridad presidencial y a pedido del presidente, Luis Lacalle
Pou.
“Me interesa especialmente aclarar que Berriel recibió una orden
directa, concreta, específica, al inicio de este gobierno, de parte del
entonces ministro Jorge Larrañaga”. “[Larrañaga] le presenta a Astesiano
y le dice que todo lo que pida Alejandro Astesiano es como que lo pida
el propio ministro”, contó el abogado.
“Berriel no conocía Astesiano, se lo presenta Jorge Larrañaga, en la
conversación estaba el exdirector general del ministerio Luis Calabria
[...] por esa razón es que Berriel le ha enviado las cosas a Astesiano
que ustedes han visto en los chats que han trascendido”, agregó Ojeda,
quien señaló que “a veces los trascendidos son parciales y falta
información relevante”.
Consultado sobre la legalidad de informar sobre una investigación
penal en curso a personas ajenas al caso Ojeda respondió: “Si la orden
del ministro es que la información se le otorgue, visto que sería para
el presidente, no le corresponde a Berriel hacer valoraciones en lo que
se da o no se da”.
En esa línea señaló que si bien los partes policiales son reservados,
“cuando lo pide un jerarca superior, en alguna medida, es claro que el
inferior o el subalterno cumple. Si eso en algún momento reviste o no
una ilegalidad, habrá que ver a quién se le debe adjudicar y a quién
no”. Ojeda subrayó la verticalidad del funcionamiento de la Policía:
“Las órdenes en principio, salvo manifiestamente ilegales, no se
cuestionan, porque si no, no podrían funcionar como tal”.
El artículo 259.6 del Código del Proceso Penal establece que durante
la investigación preliminar “los funcionarios que hayan participado en
la investigación y las demás personas que por cualquier motivo hayan
tenido conocimiento de las actuaciones estarán obligados a guardar
secreto”.
Calabria: “Hay que contextualizar y precisar”
El exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior Luis Calabria fue consultado por la diaria
sobre los dichos de Ojeda: “Hay que contextualizar y precisar.
Astesiano iba a estar en el rol de custodia presidencial y, como es
lógico, se indicó se prestara la colaboración a efectos del cumplimiento
de esa función”, respondió.
“Ahora se hacen elucubraciones con ‘el diario del lunes’ y no es
acertado razonar desde esa lógica”, advirtió, y señaló que “el único
contexto en aquel momento [comienzo de la gestión] era que quien iba a
estar ni más ni menos que en el rol de custodia presidencial tuviera la
colaboración policial para poder cumplir su función”.
También criticó las afirmaciones de Ojeda Jorge Basur, quien fuera
secretario de Larrañaga en el Senado. En su perfil de Facebook escribió
que “esto ya pasa de castaño oscuro”, ya que “el leguleyo colorado de
pacotilla Ojeda no conocía a Larrañaga” y dijo que duda que el
exministro “accionara así”.
“Larrañaga no era de delegar y máxime en estas cosas. Si tenía que
pedir algo, lo hacía él, y más siendo algo tan sensible. Además,
Larrañaga al llegar al Ministerio del Interior hizo saber al presidente
de la República la situación de Astesiano. Larrañaga no confiaba en
Astesiano, por lo cual no iba a hacer tal delegación. Esto es enchastrar
a alguien que no se puede defender públicamente. Es de muy baja calaña
salir con esto”, acusó.
En diálogo con la diaria, Basur subrayó que fue amigo de
Larrañaga de “muchos años” y en 2003 comenzó a trabajar con el fallecido
dirigente durante dos campañas electorales de Alianza Nacional, y
siempre estuvo “muy al lado” de él. “Como confirmó Calabria, [Larrañaga]
mantuvo una reunión en la que le presentó a Astesiano, porque Berriel
no lo conocía, para que tuviera, por su función, como jefe de la
seguridad presidencial, un acercamiento con la Policía, porque lo debe
tener. Pero nada más que eso”, aseguró.
En la madrugada del 4 de julio, Astesiano le escribe a Berriel:
“Tenemos modo reservado averiguar Lorena Ponce de León. Viaja mañana a
las 6 de la mañana. Donde va. Reservado Total [sic]”. Después de varios
intercambios, Berriel brindó la información del vuelo de Ponce de León:
“Viajó en el vuelo de Latam, en el aeropuerto no tienen aún el destino,
ahora me lo van a averiguar, pero están tratando de hacerlo sin pedir
por ella para no llamar la atención [...] Por las dudas, acaba de
despegar el avión, se fue 5 minutos antes de lo previsto”, escribió.
Astesiano también le pidió información sobre una denuncia de
violación durante una fiesta del Partido Nacional: “Sabes algo de una
fiesta que se realizó de los blancos juventud y hay una denuncia de
abuso de una femenina”, le consultó el exjefe de seguridad presidencial,
quien dijo que el presidente quería conocer los detalles.
Berriel le envió el parte policial con los datos básicos de la
denuncia: los nombres de la adolescente y de su madre, la dirección de
la chacra San Francisco y el traslado al Centro Coordinado del Cerro,
entre otras cosas. “Te amplío cuando tenga el resto”, le escribe
Berriel. “Bien, está leyendo todo”, responde Astesiano.
En otra conversación, Astesiano involucra a Berriel en una solicitud
de traslado de un policía a la Jefatura de Policía de Rivera, que había
colaborado con el exjefe de seguridad presidencial en una denuncia
contra su hijo por la compra de una moto robada. “Una pregunta, sabes
que pedimos un favor por un policía que es de Rivera, está acá en
comisión en Montevideo, ¿sabés si movieron algo? hablé con Berriel, te
paso, ¿me averiguas?”, escribió Astesiano al entonces subdirector de la
Policía, Héctor Ferreira.
Berriel había sido convocado por la fiscal Fossati a principios de diciembre, cuando fueron citados los otros jerarcas policiales indagados en la causa:
el director de Inteligencia, Claudio Correa, el subdirector de la
Policía, Héctor Ferreira, y el director de la Dirección de Fiscalización
de Empresas del Ministerio del Interior, Henry de León, pero no
concurrió.
Según explicó Ojeda a la diaria, la decisión se debió a que
no había tenido acceso a la carpeta de investigación, por lo que no
podía preparar una defensa adecuada. La citación se concretó unos días
después de que el abogado fuera habilitado para tomar contacto con la
evidencia del caso.
“La corrupción es un mal inherente a todo gobierno que no está
controlado por la opinión pública”, decía Ludwig Von y justamente esta
investigación que realizó Crónicas del Este deja entrever un oscuro
entramado de contrataciones donde la Diputada cabildante Carmen Baraybar
Rodríguez gana licitaciones con el Estado. Carmen es suplenta del
Diputado Eduardo Lust, como podemos ver en la lista 84.
Pues vayamos a su historia: Carmen tiene una empresa de limpieza a su
nombre, pero el nombre de fantasía, es Santa Clara servicios de
Limpieza. Su número de RUT es 215280640014 y la dirección que deja es
ROCHA 2609 en Montevideo, pero llamativamente ni siquiera tiene página
web, algo dif+icil de explicar con el dinero que facturan.
TODAS LAS LICITACIONES LAS GANÓ EN ESTE GOBIERNO
Lo que nos queda bien en claro, es que a Cármen comenzó a irle de
maravilla con este gobierno, ya que tiene 32 contrataciones con el
Estado, nada más y nada menos y ha venido ganando desde 2020 hasta los
soles de hoy. Incluso ha interpuesto recursos para que le den
licitaciones a ella, como esta misiva al Ministerio del Interior:
“Quien suscribe, Carmen BARAYBAR RODRIGUEZ, vengo en tiempo y forma a
efectuar las observaciones respecto a la apertura del procedimiento CDE
25/21 para la Contratación de Servicio de Limpieza y Desinfección de
áreas del Hospital Policial y Centros externos – D.N.S.P. 1. OFERENTE
DESA LTDA. - Los antecedentes comerciales del anexo III no se encuentran
firmados por el responsable de la Institución. - El pliego establece
que: “Toda información calificada como confidencial no podrá ser tomada
en cuenta a los efectos de la ponderación de las ofertas.” Por lo tanto,
es de corresponder que los procedimientos de limpieza requeridos en el
pliego y cargados como confidenciales no podrán considerarse y por lo
tanto no cumplen con dicho requerimiento. - No presenta propuesta
técnica.
2. OFERENTE TAYM URUGUAY S.A. - En referencia al precio ofertado por
hora, consideramos poner atención al mismo ya que nos resulta inviable y
que no garantiza la totalidad de las obligaciones a asumir. En base al
precio también creemos que hay discrepancia entre el precio mensual
cotizado en línea y el cotizado por hora. Por lo que, de ser así debería
considerarse como el PCP lo establece, darle valor al primero. - No se
observa en la propuesta técnica rutina por turno para las áreas técnicas
y no técnicas. Por lo antes expuesto se solicita la descalificación de
las ofertas de los oferentes DESA LTDA y TAYM URUGUAY S.A.”
Como se puede ver, cuando compite contra otras empresas, se impone de
este modo, solicitando la descalificación de sus competidores, algo
realmente preocupante y lo peor, es que toman en cuenta sus opiniones,
en una actitud realmente dictatorial y temeraria de la Diputada, una
actitud muy cabildante…
Podemos observar una de las licitaciones, la del Ministerio del
Interior, por más de 55 millones de pesos, para la limpieza y
desinfección del Hospital Policial y también se adjunta una reiteración
del gasto.
También de la página de proveedores del Estado se desprende que Carmen
Baybar ha ganado muchas más licitaciones, como la limpieza en el Banco
de Seguros por $ 166.212; la limpieza del Hospital de Soriano por $
8.556.494; una licitación para la limpieza de la estación fluvial de
Bella Unión por $ 695.302; limpieza en el servicio integral de ASSE por $
1.655.052; la limpieza de locales de Aduana de Artigas por $ 2.030.080.
también se la contrató para la limpieza del Centro Auxiliar de Río
Branco por $ 999.655; para la limpieza del Centro Auxiliar de Chuy,
donde se lleva $ 6.591.045; para el Hospital de Maldonado y San Carlos,
otros $ 6.077.434; para limpiar locales de Administración Nacional de
Correos, donde se lleva $ 1.057.927; para limpiar local de INAU de
Artigas, donde se llevó $ 4.182.852, para limpiar el Hospital de Melo
por $ 7.700.640 y para el mantenimiento de espacios verdes del Centro
Departamental de Artigas, atención con esto, se llevó $ 32.981.167. Esta
licitación particularmente llama la atención, pues cuando intentamos
acceder al acta adjunta en compras del Estado, aparece un documento en
blanco. Podríamos seguir adjuntando resoluciones, pero me centré en las
de mayor ganancia económica para Carmen, que la verdad que le está yendo
bárbaro en varias dependencias del Estado, sobre todo en la Salud,
donde justamente se ha criticado que ASSE se ha vuelto un comité
político de Cabildo Abierto.
EL SECRETARIO DE MANINI RIOS NOS DIJO QUE NO DEBERÍA PODER COMPETIR EN LICITACIONES
Ante este gran escándalo evidente, fuimos a pedir la versión del
Diputado Eduardo Lust, ya que la susodicha Carmen es su suplente en la
cámara baja, nos dijeron que no estaba, por lo que decidimos subir la
vara e ir a por el dueño del circo: el General Manini Ríos y entonces
nos atendió su secretario, que iba a anotando en su agenda los datos que
Crónicas del Este le iba dando… Se puso particularmente nervioso cuando
le dijimos que estábamos haciendo una investigación y que íbamos a
publicar esto, que solo veníamos a consultar la otra versión, pero la
investigación ya estaba encausada y los datos corroborados cien por
ciento.
VIAJAMOS A MONTEVIDEO Y FUIMOS A LA SEDE DE LA EMPRESA
Como dejamos en constancia en el vídeo que filmamos, Crónicas del
Este viajó a Montevideo para verificar la dirección que deja Carmen en
proveedores del Estado, el domicilio fiscal es Rocha 2609, donde nos
encontramos con una casona azul, particular, pero no había nadie...
ES SUMAMENTE GRAVE
Es realmente increíble que una Diputada de gobierno gane licitaciones
con su empresa, pero además es tremendo que surgen bastantes dudas, por
ejemplo que la empresa no tenga página Web con todo lo que factura, que
pongan una sede que claramente no funciona como sede de una empresa, no
es un local comercial sino una casa particular.
No es ético y hasta quedan dudas que sea legal que alguien que tiene
actuación parlamentaria, contrate con el estado.
La diputada Carmen Baraybar Rodríguez, ha tenido actuación en el
Parlamento, asumió varias, veces, integra la comisión de Legislación e
incluso presentando un proyecto de ley sobre la Yerba Mate.
Estamos ante algo inaudito, inadmisible por donde se lo mire. Nos quedan
muchas dudas y prometemos a los lectores seguir investigando al
respecto en este caso.
--------------------
Carrera y Bergara ampliaron la denuncia penal contra el gobierno por el caso Marset
Los senadores
frenteamplistas entregaron a la Fiscalía todo el expediente de
cancillería sobre la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo.
Los senadores del Frente Amplio (FA) Charles Carrera y Mario
Bergara entregaron al fiscal especializado en Delitos Complejos de 1°
turno, Enrique Rodríguez, el expediente completo del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el caso Marset.
La información fue obtenida por el senador frenteamplista a raíz de
un fallo del juez en lo Contencioso Administrativo de 4° turno, Carlos
Aguirre, quien dio la razón a los senadores opositores que realizaron un
pedido de acceso a la información pública, luego de la negativa del
gobierno a entregar la información por vía administrativa.
En la documentación se encuentran todas las comunicaciones mantenidas
en el Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco del procedimiento
de la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián
Marset.
El expediente reveló que hubo claras advertencias por parte del
consulado uruguayo en Dubái sobre el riesgo que implicaba entregar la
documentación a Marset y recomendaba esperar a que se dilucidara su
situación en la Justicia de Emiratos Árabes Unidos.
Además, se da cuenta de otras comunicaciones que reflejan la
preocupación del subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo
Maciel, por la peligrosidad de Marset, que estaba siendo investigado.
Maciel informó de esa situación a la subsecretaria de Relaciones
Exteriores, Carolina Ache, a quien le solicitaba información sobre la
situación de narcotraficante.
“Hola Caro, ¿Podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en
Dubái por documento falso… Es un narco muy peligroso y pesado… Saber si
fue detenido o si lo liberaron lo cual sería terrible”, le escribió
Maciel a Ache, el 3 de noviembre. La jerarca quedó en averiguarle.
En su cuenta de Twitter, el senador Carrera cuestionó la
transparencia del procedimiento y, particularmente, que Uruguay no haya
informado a las autoridades policiales paraguayas sobre la detención de
Marset, a pesar de saber que estaba siendo investigado. “Si partimos de
la base de que la entrega del pasaporte fue legal –como afirma el
gobierno-, ¿por qué las autoridades del Ministerio del Interior no
avisaron a sus pares paraguayos que agilizaran la investigación,
detención y captura, sabiendo que estaba detenido en Dubái?”, cuestionó
el legislador.
“Hay groseras e inexplicables responsabilidades políticas que
permitieron la liberación de 'un narco muy peligroso y pesado', como lo
definió el subsecretario Maciel [...] apuraron la entrega de un
pasaporte que, por valija diplomática, hubiera llegado el 22 de
diciembre, y no antes del 10, que era la urgencia de Marset para evitar
la expulsión”, publicó Carrera en su cuenta de Twitter.
El caso Marset en la Justicia penal está siendo investigado desde el 1° de setiembre,
luego de que el fiscal de Corte dispusiera la apertura de una causa
penal por considerar que el caso tiene “repercusiones internas y
externas que justifican con amplitud la investigación que se pretende
con la mayor objetividad”.
La decisión fue tomada por el fiscal de Corte, Juan Gómez, luego de
analizar la versión taquigráfica de la interpelación al ministro del
Interior, Luis Alberto Heber, y a su par del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Francisco Bustillo, por este tema.
Via https://ladiaria.com.uy/justicia/articulo/2022/12/carrera-y-bergara-ampliaron-la-denuncia-penal-contra-el-gobierno-por-el-caso-marset/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=manana
Francisco Bustillo y Carolina Ache, en el Parlamento. (archivo, mayo de 2022) Foto: Ernesto Ryan
Caso Marset: chats entre Maciel y Ache contradicen la versión que presentó el canciller Bustillo en el Parlamento
El subsecretario de Interior
advirtió en noviembre de 2021 que se trataba de un “narco muy peligroso y
pesado”; la cancillería había argumentado que por esa fecha “nadie
sabía quién era Marset”
“Hola Caro, podemos saber qué pasó con este delincuente
detenido en Dubái por documento falso. Es un narco muy peligroso y
pesado”, le escribió el subsecretario del Ministerio del Interior,
Guillermo Maciel, a su par en la cancillería, Carolina Ache, el 3 de
noviembre de 2021 a las 17.36.
Los legisladores del Frente Amplio apelaron a esa sede judicial para
reclamar que la cancillería entregue toda la información vinculada al
proceso de entrega del pasaporte a Marset, que logró salir de Emiratos
Árabes con la documentación uruguaya y que todavía se encuentra prófugo
de la justicia.
Ante una consulta de los interpelantes sobre el trámite de entrega
del pasaporte, Bustillo respondió que la dirección de Asuntos Consulares
de la cancillería “actuó naturalmente, como lo hace en millones de
trámites administrativos, porque este era un trámite administrativo”.
“Hasta el día 3 de marzo [de 2022] -insisto- era un trámite
administrativo; en noviembre [de 2021] nadie sabía quién era Marset”,
enfatizó Bustillo en un pasaje de su intervención en la Cámara de
Senadores.
Las fechas, otra vez, son importantes para comprender este caso.
Marset fue detenido el 10 de setiembre de 2021 en Emiratos Árabes,
cuando intentaba embarcar a Turquía con un pasaporte paraguayo falso. La
primera comunicación de Maciel con Ache por este tema, según la
documentación que avaló la propia abogada de la cancillería, se dio el
21 de setiembre a las 15.43.
El subsecretario de Interior llama a su par en la cancillería, no
recibe respuesta y le pide que lo contacte por una consulta vinculada a
Marset. “Queremos saber con qué tipo de documentos ingresó y qué nombre
de número de documento utilizó”, escribió Maciel.
Ache se compromete a hablarlo con la dirección de Asuntos Consulares y
a avisarle “apenas sepa algo”. Menos de quince minutos después, Ache le
reenvía a Maciel la copia de un documento y cuatro mensajes
consecutivos que le habían mandado a ella: “Carolina te mando a
subsecretaria toda la info que nos llegó de Dubái. Ese es el doc falso
que usó. Son 3 mails. Ahora te los paso”.
Esta comunicación del 21 de setiembre, según explicó el gobierno
durante la interpelación, se había dado a partir de una consulta de la
Brigada Antidrogas, que luego Maciel trasladó ante la cancillería. El
chat por Whatsapp entre Maciel y Ache, que ahora se incluyó en la
carpeta judicial, muestra que la siguiente conversación entre ambos es
la ya mencionada del 3 de noviembre y luego otra del 5 de noviembre. Ese
día Maciel la llama, otra vez sin éxito, y luego le dice: “Cuando
puedas llamame, gracias”. “Sigue detenido” responde Ache, más de una
hora después.
El trámite formal para la emisión del pasaporte a Marset se había
iniciado unos días antes de esa comunicación, el 28 de octubre, pero
Ache no se lo comentó a Maciel.
La historia sigue adelante y aparece en escena Alejandro Balbi, el
abogado defensor del narcotraficante uruguayo. El 17 de noviembre, según
se explicó durante la interpelación, Balbi le envió un Whatsapp a Ache y
le pidió una reunión por “temas de la cancillería”.
Una semana después, el 24 de noviembre, Ache se reúne con Balbi, que
le consultó -siempre de acuerdo a la versión de la vicecanciller- en qué
fecha saldría la próxima valija diplomática a Emiratos Árabes. “No hay
más que eso, esta es la verdad. Balbi nunca me solicitó ningún trámite y
no hubiese accedido tampoco”, argumentó Ache durante la interpelación
realizada el 22 de agosto de este año. Y luego agregó: “Entiendo que
genere suspicacias; lo comprendo, pero eso ya es un asunto que a mí me
excede”.
La carta fue solicitada por Balbi y fue usada por la defensa de
Marset para solicitar la libertad del narcotraficante. La defensa
planteó que el uruguayo, que estaba preso por usar un pasaporte falso,
no incurriría en ese delito a sabiendas, ya que podía obtener un
pasaporte uruguayo legal. Este elemento, según lo que se desprende de la
carpeta judicial, fue determinante para que Marset obtenga la libertad.
Unas horas después de divulgada esta información en El Observador,
Ache escribió un mensaje en su cuenta de Twitter, que luego borró. Se
trataba de un fragmento del Martín Fierro. Más concreto, la frase que
dice: “Ya le conozco sus mañas, Le conozco sus cucañas, Sé cómo hacen la
partida, La enriedan y la manejan: Deshaceré la madeja Aunque me cueste
la vida”.
Versión de cancillería: “no hubo irregularidades”
Este lunes la cancillería informó que finalizó la investigación
administrativa sobre el caso Marset y que las conclusiones de la
instructora se presentaron el viernes ante el fiscal de Delitos
Económicos y Complejos, Enrique Rodríguez.
“La conclusión es que tras un análisis exhaustivo y minucioso de los
elementos de la presente instrucción, la suscrita instructora se permite
concluir que no resulta constatado la ocurrencia de irregularidades
administrativas”, señala el reporte que envió a los medios el encargado
de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, Horacio Abadie.
via https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2022/12/caso-marset-chats-entre-maciel-y-ache-contradicen-la-version-que-presento-el-canciller-bustillo-en-el-parlamento/
El caso Astesiano: “un hecho muy grave” que podría generar una “crisis institucional”
Politólogos analizaron el impacto que tendrá este tema para el gobierno y evaluaron las reacciones del oficialismo.
El caso del exjefe de custodia presidencial, Alejandro Astesiano,
viene acumulando numerosos y diversos episodios, pero aún está lejos de
terminar. Resta todavía información por conocerse y en los últimos días
se abrió una nueva causa y se presentó una nueva denuncia, esta última por espionaje político. El jueves 1° de diciembre, el tema tomó estado parlamentario
cuando el Frente Amplio resolvió plantear una cuestión de fueros “en
repudio de prácticas incompatibles con un sistema democrático”,
relacionadas con el presunto espionaje efectuado a dos senadores de esa
fuerza política, Mario Bergara y Charles Carrera.
“En cuanto a la magnitud de lo que está sucediendo, considero que es
un hecho muy grave que no tiene antecedentes en la historia política del
Uruguay”, evaluó el politólogo Jaime Yaffé, en diálogo con la diaria.
Opinó que la reacción del gobierno ha apuntado en dos direcciones: en
primer lugar, “a minimizar el hecho; y sobre todo, a exonerar de
responsabilidad al presidente, apuntando a que no hay una
responsabilidad política sino que lo que hay es una traición a la
confianza depositada en un funcionario”. Consideró que el presidente
Luis Lacalle Pou, “en consecuencia con esta estrategia, no se ha hecho
cargo personalmente de su responsabilidad”, que consiste en haber
designado a Astesiano pese a haber sido advertido sobre sus
antecedentes.
En segundo lugar, Lacalle Pou tampoco tomó una medida que a juicio de
Yaffé “podría haberse ajustado adecuadamente a la gravedad del caso,
que es remover al responsable político directo de la seguridad
presidencial: el prosecretario de Presidencia”, Rodrigo Ferrés. “Ese es
el fusible que en este caso el presidente podría haber activado para dar
una señal pública de que no sólo reconoce la responsabilidad que le
cabe a Presidencia sino que también toma una medida concreta como
consecuencia de esa asunción de responsabilidad. Porque acá, además de
haber designado a una persona que no debería haber sido nunca designada
en ese cargo tan particular, hubo una omisión total de mecanismos de
control y verificación de lo que esta persona estuvo haciendo durante
años”, valoró el académico.
Para la politóloga Victoria Gadea, estamos ante una situación de
“escándalo”, caracterizada como aquella situación “en la cual para un
conjunto de la población se rompe alguna de las premisas fundamentales
que nos ordenan nuestra vida democrática” y en la que existen “hechos
concretos” por los que se puede “responsabilizar a alguien”. Acotó que
podría ser comparable al caso del exvicepresidente Raúl Sendic, que
renunció tras utilizar en forma indebida la tarjeta corporativa de Ancap
y mentir sobre su titulación, aunque evaluó que la diferencia con este
caso es que en aquel no se tenía “acceso a la información en el nivel en
que lo tenemos hoy”. “Que hoy tengamos todos los chats y que los
periodistas puedan hacer su trabajo investigando sobre eso le da al
conjunto de la población un nivel de detalle en la información que le
agrega ingredientes a la situación escandalosa. No digo que las
situaciones sean similares, pero sí que llegaron al mismo nivel de
exposición pública, la diferencia es la cantidad de información a la que
podíamos acceder en un caso y en el otro”, consideró, en diálogo con la diaria.
Para Gadea, el caso Astesiano es una situación “de posible crisis
institucional”. “Estamos ante un típico caso de una luz muy naranja, ya
no amarilla”, y “el sistema político se tiene que tomar esto con
seriedad”, opinó. Afirmó que deben tomarse con especial cuidado todos
los casos en los que haya un vínculo entre lo delictivo y la política.
En este sentido, recordó que actualmente en Uruguay no se tiene claro el
financiamiento de los partidos políticos y el sistema político debería
tomar decisiones al respecto.
Las reacciones del oficialismo
Gadea sostuvo que le llamó “muchísimo la atención” el comunicado del
Ministerio del Interior que deslindó responsabilidades de jerarcas de
esa cartera en el caso, tras una investigación administrativa. “Me
parece preocupante en tanto si estamos esperando que exista una
investigación que lleve adelante la Justicia, esperemos
institucionalmente esa investigación, pero no nos aceleremos a decir que
esa información no es así, y menos desde lo institucional”, consideró.
Acotó que “hay una suerte de reacción a las acciones del periodismo por
encima del proceso en sí mismo”. “El periodismo está cumpliendo su rol
acá, es lo que tiene que hacer, pero las instituciones no les pueden
responder de esa manera a las investigaciones periodísticas. Que una
institución reaccione de esa manera me parece muy preocupante, porque de
alguna manera estás privilegiando la imagen política que tiene un
gobierno hoy por encima de un proceso judicial”, opinó.
En cuanto a la reacción de Lacalle Pou, quien cuestionó la “manija” que hay en este caso,
Gadea recordó que el presidente se ha caracterizado por tener una alta
presencia mediática, “y eso fue una fortaleza”. “Hoy eso me parece que
le puede estar jugando bastante en contra, y entre otras cosas me
sorprendió también su reacción frente a las investigaciones
periodísticas, lo que dijo de [el intendente de Canelones, Yamandú]
Orsi”, señaló Gadea. Dijo que en esta reacción y otras “hay un recurso
comunicacional como de salir hacia adelante, constantemente la respuesta
es negar el presente y salir hacia adelante”. Agregó que en sus
declaraciones iniciales por el caso Astesiano Lacalle Pou fue
“apresurado”, trató de salir de la situación “con celeridad” y eso “hace
que uno en algún momento se enrede en sus propios dichos y meta la
pata, eso es inevitable”. De todos modos, añadió que “también sería muy
raro que, con sus características, él se aislara y no diera
declaraciones, porque pasaría a ser un sospechoso inmediatamente”.
Gadea advirtió que, en este caso, pensando en el corto plazo, los
actores tienen incentivos para, de un lado, intentar mitigar daños y,
del lado de la oposición, para utilizarlo con fines electorales. Pero
“los gobiernos se van, vienen otros, y en el largo plazo lo importante
es generar una confianza en la institucionalidad en su conjunto: en el
periodismo, en el Poder Judicial. Y los cambios que haya que hacer para
que las instituciones funcionen mejor, habrá que hacerlos”.
Los efectos para el gobierno
Rafael Porzecansky, politólogo y director de Opinión Pública y Estudios Sociales de Opción Consultores, dijo a la diaria
que en la última medición desarrollada por esa consultora, en la
primera quincena de noviembre, no se advierten cambios significativos
respecto de la medición previa al caso Astesiano, realizada en agosto.
En cambio, las dos grandes caídas en la aprobación del gobierno se
dieron en el segundo y tercer trimestre de 2022, cuando pasó de 51% a
46% y luego de 46% a 41%. “Creemos que dos caídas consecutivas marcan un
cambio de tendencia, pero todas son pre Astesiano. Pos Astesiano no
vemos impacto directo, por lo menos en la imagen del gobierno. Tampoco
lo vemos en la simpatía o antipatía hacia el presidente, cuyos guarismos
se mantienen muy estables”, señaló Porzecansky.
La caída del segundo y tercer trimestre de 2022 obedece, a juicio del
politólogo, a que la aprobación del gobierno se alineó con la
aprobación de la gestión económica, algo habitual pero que no se había
dado con esta administración hasta el momento. “Allá por la mitad de
2021, la imagen general del gobierno estaba bastante por arriba de lo
que era la aprobación de la gestión de la economía, que en el caso de
los uruguayos es el principal factor por el que se suele evaluar a los
gobiernos. Veíamos la aprobación de la gestión económica en general
planchada en torno al 40%, y la gestión general la veíamos más en torno
al 50%”, explicó Porzecasky. Agregó que el gobierno “tuvo un plus con la
pandemia, que explicaba ese desfasaje”. Ahora, en cambio, “esa brecha
se acorta y hoy está mucho más alineada la imagen en general del
gobierno con la aprobación de la gestión económica”. “Y ahí está nuestro
elemento central como hipótesis: a medida que la pandemia fue perdiendo
peso como mirada del gobierno, la economía lo va ganando y es lo
principal por lo que se evalúa al gobierno”, señaló Porzecansky. En
línea con esto, el empleo, el costo de vida y las tarifas son hoy las
principales demandas al gobierno, y es más la gente que dice que la
situación económica es mala o muy mala que la que dice que es buena o
muy buena.
Ante la pregunta directa sobre si el caso Astesiano cambió la imagen
que cada persona tenía del presidente, la mayoría respondió que no en la
encuesta de Opción. De todos modos, el politólogo advirtió que estamos
ante un “caso en curso, con investigación judicial y periodística en
curso, sobre el cual surgen novedades permanentemente”. “Quizás por
ahora no puede producir un impacto directo en la imagen de la gestión de
gobierno y la gestión presidencial, pero queda el campo abierto para
ver cuál es el desenlace”, aclaró.
No obstante, desde Opción sí notaron un cambio de opinión pública en
este trimestre vinculado a un crecimiento de quienes sostienen que la
corrupción es el principal problema del país. “Son minoría, pero crecen
algunos puntos respecto de la medición de agosto. Ese es el único cambio
que uno podría decir que eventualmente podría estar asociado al caso
Astesiano”, apuntó Porzecansky. Acotó que, de avanzar el caso, también
podría impactar en la confianza que la población tiene en la Policía o
en los políticos, pero para determinar esto habrá que hacer mediciones.
Yaffé señaló que los estudios de opinión pública a nivel
internacional, y en particular los estudios electorales, concluyen que
este tipo de casos, “que podemos englobar como escándalos de corrupción o
tráfico de influencias, tienen muy poco impacto sobre la valoración que
la ciudadanía hace de los gobiernos y por lo tanto sobre su
comportamiento a la hora de expresar esa valoración en elecciones,
premiando al gobierno o castigándolo”. En cambio, las variables que en
general los estudios académicos señalan como de mayor impacto tienen que
ver con aquellas que condicionan directamente el nivel de vida de la
gente, concretamente, la inflación, por el impacto que tiene sobre los
ingresos reales y el poder de compra de la gente, y el desempleo. Yaffé
aclaró que esto “no quiere decir que los escándalos de corrupción no
tengan ningún efecto, sino que tienen escaso impacto comparado con el
que tienen estas otras variables”. “En función de esto, lo que podemos
predecir es que un fenómeno de este tipo va a tener un impacto menor en
comparación al que tendrá la evolución en Uruguay de la situación
económica globalmente considerada”, concluyó.
Por su parte, Gadea opinó que, “a no ser que suceda algo
extraordinario de acá a las próximas elecciones”, el caso Astesiano “va a
tener un costo para el gobierno”, aunque todavía no se conoce “en qué
medida”. Si bien reconoció que las variables relacionadas a la situación
económica son las que más pesan, remarcó que si estos casos no mueven
el voto o la simpatía de la gente, “es preocupante”. “En realidad,
tenemos evidencia anterior -si queremos ir al caso Sendic, por ejemplo-
que muestra que este tipo de hechos puede haber tenido algún tipo de
efecto en el electorado. Residual, menor, más chico, porque la filiación
partidaria en Uruguay es muy importante, pero podemos decir que en
Uruguay esas cosas siguen importando”, consideró.
via https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2022/12/el-caso-astesiano-un-hecho-muy-grave-que-podria-generar-una-crisis-institucional/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=findesemana
Fiscal Fossati: “Las presiones de uno y otro lado no le hacen bien a la Justicia que 'dicen' quieren proteger”
Tras informar que accedió a
pedido del Poder Ejecutivo de no contar con los chats de Astesiano y el
presidente Luis Lacalle Pou, la fiscal dijo que Presidencia “es la única
institución que ha demostrado preocupación” por el caso.
La investigación por el caso del excustodio del presidente de la
República, Alejandro Astesiano, ha podido avanzar gracias a la
recuperación de la información contenida en el celular de Astesiano, alguna de la cual ha transcendido a la prensa.
Sin embargo, este martes la fiscal del caso, Gabriela Fossati, dijo a El Observador que aceptó un pedido de Presidencia para excluir de la recuperación realizada por Policía Científica los chats de Astesiano con el mandatario, Luis Lacalle Pou,
a raíz de que “la entrega del celular fue voluntaria del presidente”.
El pedido se debió a que Astesiano no era sólo custodio del presidente,
sino de toda su familia, y en ese intercambio de mensajes “podía haber
información de los movimientos y hábitos de su familia”, y “las
condiciones de trabajo de la fiscalía” no aseguran “que eso se
mantuviera en reserva”.
Esto despertó críticas desde la oposición, por entender que no estaba
garantizada la total transparencia para averiguar hasta dónde las
autoridades del gobierno sabían de los movimientos de Astesiano,
imputado por tráfico de influencias, suposición de estado civil y
asociación para delinquir.
En la mañana de este miércoles, la propia fiscal Fossati se pronunció
en Twitter al respecto, a través de varias publicaciones. En una de
ellas, señala que Presidencia “es la única institución que ha demostrado
preocupación” y ha “sido proactiva” entregando información “sin que lo
hayamos pedido, porque no tenía ni tengo fundamentos para hacerlo hasta
ahora”, aunque parezca “que quieran que diga otra cosa”. Dijo que “lo
que no se puede obtener, no se puede”.
“Las presiones de uno y otro lado, no le hacen bien a la Justicia que
'dicen' quieren proteger”, escribió Fossati en otra publicación, y
disparó contra los medios que “generan una información y luego agobian
para que la aclare, sólo quieren una respuesta y harán lo que sea para
conseguirla”.
Fossati apuntó especialmente contra “los señores periodistas”,
quienes “hace dos meses que me persiguen, a cualquier hora del día,
afectando mis derechos, también desde mi institución, afectando mi
intimidad y poniendo en riesgo a mi familia”.
“No tengo inconveniente en que me sustituyan si la jerarquía lo
entiende necesario”, publicó por otro lado la fiscal, y recordó que ya
fue investigada, en referencia a un dossier con supuestas publicaciones
en redes sociales de Fossati que recibió el fiscal de Corte, Juan Gómez,
que más tarde se comprobó que era falso. “Ya fui investigada y el
jerarca recibió un dossier con información privada, todavía espero
explicaciones de quién lo preparó y por qué fue recibido”.
Via
https://ladiaria.com.uy/justicia/articulo/2022/11/fiscal-fossati-las-presiones-de-uno-y-otro-lado-no-le-hacen-bien-a-la-justicia-que-dicen-quieren-proteger/
Fiscal Gabriela Fossati. Foto: Leonardo Mainé
“Rusos me pagaban para
averiguar quién era su padre o su madre, eso me llamó la atención”, dijo
el profesional a la fiscal Fossati.
El escribano Álvaro F. declaró ante la fiscal Gabriela Fossati que en el consulado de Uruguay en Moscú se tramitaron unos 10.000 pasaportes
y que por cada uno de ellos el entonces cónsul y un ciudadano ruso que
también era funcionario de esa oficina cobraban US$ 20.000.
El domingo Fossati imputó al excónsul Stefano di Conza,
que se desempeñó en el cargo desde 2013 hasta 2015. Se lo investiga por
14 delitos de fraude reiterados, en concurrencia con reiteración real
con 14 delitos de suposición de estado civil.
Álvaro F. reconoció que tenía una alianza con el ruso Alexey S.
por la cual tramitaban en Migración la residencia de rusos y que así
facilitaron documentos para “muchísima gente”. Y añadió: “Había otros
que venían y nosotros les sacábamos las cédulas, las cédulas legales; y a
otros les sacábamos los pasaportes (…) Pero muchos más eran a los que
les sacábamos residencias en Migraciones, que era gente que venía y
después se iba”.
Consultado
por Fossati sobre cuánto tiempo permanecían esas personas en Uruguay,
Álvaro F. respondió que “a veces eran meses, a veces un año y a veces se
iban enseguida”. La residencia, sostuvo, la pedían porque en un
principio estas personas tenían pensado quedarse en Uruguay pero luego
se iban porque “encontraban que el país era caro”.
En el estudio
de Álvaro F. se encontró una gran cantidad de documentación en ruso,
incluso algunas partidas de nacimiento sin foto, sin embargo el
escribano sostuvo que él no habla el idioma y que quien traía los
clientes y traducía la documentación, pese a su español “de cocoliche”,
siempre era Alexey S.
“Él los contactaba a través de su sitio en
Facebook y ofrecía servicios”, añadió, y señaló que el ruso también era
quien daba la dirección de su estudio para que le enviaran la
documentación para sacar la ciudadanía o hacer otros trámites.
“A
veces me daban datos incompletos y era imposible localizarlos. También
me vinieron muchas fotocopias de pasaportes emitidos por el Ministerio
del Exterior uruguayo. Eso sí me llamaba la atención (…) Eran pasaportes
uruguayos, emitidos por Relaciones Exteriores, tenían la cédula
adjudicada pero (las personas) no sabían quién era el padre. ¿Cómo un
ruso iba a preguntar quién era el padre o la madre de él? Me pagaban por
averiguar quién era el padre y la madre”, dijo el escribano.
Álvaro
F. sostuvo que ante estos casos se dirigió al registro civil para
consultar si era posible que hubieran emitido un pasaporte de una
persona que no tenía cédula y que no sabía quiénes eran sus padres. Dijo
que habló con “un veterano de lentes”, al que dijo que conocía pero no
recordaba el nombre. “Le pregunté: ‘dígame una cosa, a mí me mandan
esto, tiene una cédula adjudicada, pero yo digito el nombre en la página
de la DGI y veo que no tiene boletos de pago, así que esa cédula no
existe (…) y además me preguntan el nombre del padre y de la madre (…) Y
me decían que estaba todo bien, que eso estaba perfecto”.
El
escribano señaló que en estos casos también fue a preguntarle a Alexey
S. cómo era que estas personas pedían que les averiguara quiénes eran
sus padres. “Lo que me dijo fue que el cónsul uruguayo en Rusia era el
que emitía eso y que cobraba como US$ 20.000 por pasaporte. Entonces se
lo mandaban, pero no le mandaban la cédula y por eso es que hacían eso
con nosotros (…) Alexey decía que el cónsul estaba metido. Y también
había un encargado en la embajada uruguaya en Rusia, que era ruso. De
esos pasaportes sé que se emitieron más de 10.000, lo sé porque venían
montañas de esos pasaportes para que se les sacara la cédula de
identidad”.
“No cuestionaban nada de esos pasaportes -continuó-.
Pero me consta que había una irregularidad. Se lo decía a los de
identificación civil y me decían que estaba bien; se los decía a los del
registro civil, y me decían que estaba bien”.
Fossati replicó
sus dichos y sostuvo que para identificación no estaba bien, y que de
hecho fueron jerarcas de esta oficina quienes denunciaron la situación.
El escribano sostuvo que el exjefe de la custodia presidencial,
Alejandro Astesiano, no participaba de esta operación, y que se acercó a
él y al ruso recién cuando se asociaron para presentar inversores en
Torre Ejecutiva. También señaló que no creía que Astesiano tuviera los
contactos que decía tener en Interior o Cancillería.
No estaba habilitado a ejercer desde 2015
El escribano
Alberto F. declaró en Fiscalía que no ejerce su profesión desde 2015,
porque no entregó los Registros Notariales que deben ser presentados
para ejercer. “Si los presento me van a embargar, porque si los presento
tengo que pagar”, dijo. Agregó que pensaba ponerse al día vendiendo su
auto, a lo que Fossati anotó que antes había dicho que iba a usar el
dinero para devolverle plata a un ruso al que no se le facilitó
documentación que se le había vendido porque Astesiano no cumplió con el
compromiso que supuestamente tenía de conseguirla. Ese ruso “me quiere
matar, pero como aún no me reclamó no vender el auto”, dijo.
El primer encuentro con Astesiano fue en evento de Cabildo Abierto
Álvaro F. declaró que a Alejandro Astesiano no lo conoce desde hace mucho más de un año y que el primer encuentro lo tuvieron en una reunión de Cabildo Abierto.
“Lo
conocí en un acto que hubo en un bar en 25 de Mayo y creo que la
esquina es Bartolomé Mitre. Era una reunión de los de (Guido) Manini
Ríos. En ese acto, medio cerrado, de 30 o 40 personas, estaba este
muchacho. Nos pusimos a hablar y me pareció muy simpático”, sostuvo.
Luego
señaló que Astesiano lo llamó y le dijo que tenía un cliente para
llevarle, que pertenecía a “una empresa norteamericana”. Y continuó:
“Luego seguimos la relación y él me dijo que el doctor Lacalle estaba
buscando inversores de alto nivel como para comprar frigoríficos,
bodegas, empresas muy grandes y si eran extranjeros mejor”.
Según sostuvo, a partir de esta conversación fue que empezaron a pensar en cómo traer empresarios rusos al Uruguay.
Via https://www.elpais.com.uy
Astesiano y funcionarios de su equipo distribuían
“comisiones” que le querían cobrar a empresarios españoles que
visitaron la Torre Ejecutiva en mayo
La maniobra con proveedores de velocímetros,
equipos para control de alcoholemia, radares y pistolas paralizantes
aparece en uno de los chats del teléfono recuperado.
“Decile a Gabriel
(nombre ficticio) que llegó gente de España con velocímetro,
radares, control alcohol y pistolas paralizantes, si puede mañana
reunirse con ellos. Que le presenten todo a él, para que él mueva”,
escribió Astesiano el jueves 19 de mayo, a las 18.06. Un minuto
después, el entonces jefe de la seguridad presidencial agrega: “Y
se lleva comisión. Que nadie sepa, sólo él. Yo no quiero nada”.
“Decile a Gabriel (nombre ficticio) que llegó gente de España
con velocímetro, radares, control alcohol y pistolas paralizantes,
si puede mañana reunirse con ellos. Que le presenten todo a él,
para que él mueva”, escribió Astesiano el jueves 19 de mayo, a
las 18.06. Un minuto después, el entonces jefe de la seguridad
presidencial agrega: “Y se lleva comisión. Que nadie sepa, sólo
él. Yo no quiero nada”.
“Enterado Alejandro. Ya lo llamo”, le respondió su
interlocutor, también integrante de la seguridad presidencial y con
quien Astesiano estaba en diálogo permanente, al punto que hay
decenas de páginas de conversaciones entre ambos que aparecen en el
chat 353 de la carpeta investigativa a la que accedió la diaria.
La reunión con los proveedores europeos, según consta en ese
archivo, se terminaría concretando al día siguiente, a las 13.00,
en el despacho de Astesiano en el piso 4 de la Torre Ejecutiva. Las
razones de la urgencia: los empresarios españoles dejaban Montevideo
esa misma noche, según le explica Astesiano a su personal de
confianza.
Este intercambio por WhatsApp es apenas uno de los 1.300 que
mantuvo el jefe de la seguridad presidencial entre los primeros días
de febrero y el 26 de setiembre, cuando fue detenido en la residencia
presidencial de Suárez y Reyes, en el marco de la investigación que
lleva adelante la fiscal Gabriela Fossati por los pasaportes falsos a
ciudadanos rusos.
En otros pasajes del extenso diálogo del chat 353, el subalterno
le proporciona a Astesiano información del sistema de gestión en
seguridad pública (SGSP) del Ministerio del Interior. El 2 de
setiembre, por ejemplo, a pedido de Astesiano le envía un reporte de
la Seccional 7° por una tentativa de hurto de vehículo en la calle
Joaquín Suárez.
El integrante de la seguridad presidencial también asistió a
Astesiano desde su teléfono en la madrugada del 4 de setiembre,
cuando se desplegó un servicio de vigilancia a camiones de trigo y
soja en el litoral del país, a pedido de un empresario agropecuario
argentino.
Esa noche, Astesiano le reenvía a su subalterno toda la
información que le proporciona el sojero argentino: números de
teléfonos de los transportistas, ubicaciones de Google Maps con los
lugares en los que se realizan las descargas de soja y trigo, y las
matrículas de los camiones y las zorras, entre otras cosas.
“Ahora llegó uno más, camión 1397 y zorra 1343 numeración.
1929 camión 1712 zorra 3147 camión 3148 zorra 0423 camión 1367
zorra 1373 camión 2681 zorra. Están todos haciendo fila afuera para
entrar”, le reporta el funcionario a su jefe ya sobre el mediodía
del 4 de setiembre. Astesiano le reenvía todos estos mensajes al
productor argentino, a quien también le compartiría un número de
cuenta del Banco República.
“Las cámaras del Ministerio las tengo todas”
Una persona contactó a Astesiano por WhatsApp el 12 de julio, a
las 16.31. Le pide “registro fílmico” para ver “qué tomaron”
dos parejas que habían estado en un local gastronómico ubicado en
la zona de 21 de Setiembre y Luis de la Torre.
“¿Pero cámaras del Ministerio?”, le pregunta Astesiano. “No,
del restaurante, tiene que ser algún cana de la 10”, le explica su
contacto. Y Astesiano responde: “Pregunto, del Ministerio tengo
todas”.
Ante esa alternativa, la persona se entusiasma y termina
solicitando los registros fílmicos del seguimiento del auto. Aunque
su prioridad era saber si el conductor había tomado alcohol (según
le explica, era algo que estaba negando), también le servía saber a
qué velocidad iba el auto Lexus color gris, que después de dejar la
zona de Pocitos tendría un accidente en el kilómetro 75,800 de la
Ruta Interbalnearia.
“Para que voy a hablar con el oficial. Estoy en Paysandú”, se
excusa el jefe de la seguridad presidencial. “Averiguame Ale,
haceme esa gauchada aunque sea. Vos esas las tenés todas, aparte no
las muestro a nadie”, termina diciendo la persona que contactó a
Astesiano.
En otros chats que aparecen en la carpeta investigativa es
Astesiano quien inicia la conversación. “Buen día, me pasaron tu
número que estás representando a El Polaco. Yo tengo empresa y
buena respuesta policial, estoy a la orden para lo que sea, gracias”,
escribió Astesiano el 4 de abril. El mensaje estaba dirigido al
representante del cantante argentino Ezequiel Iván Cwirkaluk,
conocido como El Polaco. “El tema lo tengo cubierto pero
te tengo en cuenta” le respondió el empresario, que preparaba una
gira de ocho presentaciones en boliches montevideanos, entre el 8 y 9
de abril.
El presidente de los blancos aseguró que la fiscal que lleva la causa es “de gran confianza” y una “gran tipa”.
REGALO DE FIN DE AÑO DEL GOBIERNO DE #LacayoPou 
.jpeg)
.jpeg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario